Baldemiro Herasme es un anciano de 80 años que atraviesa por el peor momento de su vida, pues desde febrero pasado es presa de un entramado de ilegalidades y arbitrariedades que tuvo como punto de partida un documento emitido por la Dirección General de Catastro.
Herasme, propietario de una vivienda dúplex ubicada en el sector Los Molinos, en Santo Domingo Este, “descubrió” que un desconocido desalojó a sus inquilinos amparado en una certificación de propiedad falsa.
La tragedia de este señor comenzó en 2008 cuando alquiló una de las unidades habitacionales a Carlos Abad, quien duró dos años sin pagarle la renta, acumulando una deuda de RD$180,000.
Para que dejara el inmueble Herasme le condonó la deuda, y a su salida, en 2010, le alquiló a otras personas.
El 16 de febrero de este año un amigo lo llamó para advertirle que la fuerza pública estaba desalojando a los inquilinos. Al dirigirse al lugar se encuentra con Abad, porque la suegra de este también residía en el inmueble y era una de las afectadas por el desalojo. Abad le dice que todo es un error, una equivocación.
Sin embargo, se perpetró la acción ordenada por el Juzgado de Paz del municipio Santo Domingo Este, a favor de Servio Tulio de los Santos Mora, quien ahora detenta el inmueble y tiene vigilantes que impiden la entrada de su verdadero dueño.
Lorena Herasme, quien hizo el relato en visita a este diario y es hija del afectado, explicó que cuando se efectúa la acción judicial es que se descubre que el 15 de diciembre de 2010 la Dirección General de Catastro expidió una certificación de propiedad del inmueble de su padre, a nombre de Abad y de su esposa Mayelin Gozález Espinosa.
Ese documento fue firmado por Bolívar Marte, entonces director de la referida institución.
Con esa certificación Santos Mora le habría prestado a Abad RD$2.5 millones, con cuotas de RD$25,000 al mes, afirmó al asegurar que el antiguo inquilino de su padre tampoco cumplió con ese compromiso.
“El plan fue que él le vendió la casa al prestamista y este se la realquiló para que le pagara la mensualidad. De modo que dejan al supuesto propietario dentro de la casa pero en calidad de inquilino, según los falsos documentos que llevan al tribunal”.
Desenredar la madeja. Santos Mora sometió a la justicia a Abad y a González Espinosa por incumplimiento en el pago de 10 meses de alquiler, entre octubre de 2013 y julio de 2014, según consta en la sentencia del Juzgado de Paz Ordinario de la Segunda Circunscripción del municipio Santo Domingo Este. Es por esa supuesta deuda que el tribunal ordena el desalojo y autoriza a De los Santos Mora “a embargar conservatoriamente y sin intimación previa, los efectos muebles que se guarnecen en la casa alquilada de Abad y González Espinosa”.
Esa sentencia fue dictada el 29 de abril de 2015, pero es en febrero pasado cuando se ejecuta el desalojo, en cuya acta se establece que De los Santos Mora vendería en pública subasta los bienes muebles embargados, si Abad y González Espinosa no saldan la deuda de un millón de pesos. Pero ocurre que Abad y González Espinosa no viven en ese inmueble desde 2010, de acuerdo con las declaraciones de Herasme.
Los pasos judiciales. Lorena Herasme indica que, al develarse el entramado mafioso con el que se intenta arrebatar la propiedad de su padre, iniciaron un proceso judicial que está estancado por la negativa de Catastro de entregar una certificación que permita anular el documento otorgado a Abad en 2010.
“Yo fui a Catastro, porque lamentablemente esta situación la provocó esta institución, porque si no le hubiesen dado el certificado de propiedad a Abad esto no hubiese ocurrido.
“Conversé con Ana Mora, encargada del departamento jurídico, le expliqué la situación y me dijo que es un tribunal el que debe solicitar la anulación del cintillo o certificado de propiedad para ella poder emitirlo, pero eso puede durar dos o tres años, y mi padre es un hombre que vive de los ingresos que percibe por el alquiler de la vivienda”.
Gerardo Herasme, abogado de la familia, explicó que incoaron una demanda ante el Juzgado de Paz para resguardar los derechos de uno de los inqulinos desalojados, otra por daños y perjuicios, y una querella por violación de la propiedad privada.

“El caso está en estado de fallo, y el que se atribuye la propiedad del inmueble, De los Santos Mora, no ha ido a ninguna de las audiencias”.
Sin embargo destacó que es vital que Catastro otorgue la certificación del documento que se expidió a nombre de Abad, para que el tribunal pueda acogerlo como prueba de las irregularidades que se cometieron.
Abad sacó el cintillo que lo acredita como propietario de las dos casas, pero ese documento es falso, con eso es que consiguen el préstamo y la sentencia y sacan a los legítimos propietarios del inmueble, refirió.
“Lo que queremos es demandar en nulidad el cintillo, pero yo lo que tengo es una copia simple, y no puedo ir donde un juez con eso, para que lo anule tengo que darle una certificación original. “A Catastro le llevamos un certificado de título de Baldemiro Herasme, y una certificación actualizada de Registro de Títulos donde se dice que ese documento no tiene problemas, y que el dueño del inmueble no tiene ningún cargo ni gravamen de oposición”, dijo el abogado.

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