El Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) exhortaron hoy a los congresistas priorizar en la próxima legislatura, la aprobación de los proyectos de ley para el fortalecimiento del marco legal que protege los derechos de las mujeres.

El Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) exhortaron hoy a los congresistas priorizar en la próxima legislatura, la aprobación de los proyectos de ley para el fortalecimiento del marco legal que protege los derechos de las mujeres.

El Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) exhortaron hoy a los congresistas priorizar en la próxima legislatura, la aprobación de los proyectos de ley para el fortalecimiento del marco legal que protege los derechos de las mujeres.
Ambas entidades consideraron que el derecho de las mujeres a la salud y a una vida sin violencia es impostergable por lo cual deben ser conocidos y aprobados de inmediato el proyecto de Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva y el Proyecto de Ley Integral de Violencia contra las Mujeres
Destacaron que  el acceso a la educación sexual y reproductiva establece mecanismos para la prevención de la mortalidad materna, el embarazo en adolescentes y las infecciones de transmisión sexual y del VIH y SIDA.
De igual manera, asigna responsabilidades a los ministerios de Salud, Educación y Educación Superior para crear la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva y diseñar la currícula escolar para una educación integral en sexualidad desde un enfoque laico, de género y derechos humanos.
El proyecto capacita en la oferta de servicios en salud sexual y reproductiva a personas graduadas en áreas afines.
Otro de los servicios que se establecen como obligatorios la pieza  es la atención en salud a la violencia contra las mujeres e intrafamiliar y a la interrupción del embarazo, en caso de violación o incesto, cuando existan graves riesgos para la vida de la mujer o cuando se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida.
Rafael Feliz, de Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, sostuvo que un marco legal a este nivel es importante porque establecería las condiciones para reclamar el cumplimiento de las funciones de los distintos Ministerios y proveedores de servicios educativos y de salud.
De su lado Lourdes Contreras, coordinadora del CEG-INTEC explicó que la pieza, sometida al Congreso en 2012 por los diputados Christian Paredes y Hugo Núñez, contaba con informe favorable de la Comisión de Salud y estaba en agenda para ser conocida el pasado 14 de julio, pero que los legisladores cedieron a presiones de grupos religiosos, desoyendo los reclamos de las organizaciones de defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Explicó que la propuesta tiene como objetivo la garantía de la salud sexual y la salud reproductiva desde un enfoque de derechos humanos y de género, a través de políticas dirigidas a la prevención y atención y al establecimiento de sanciones ante su violación.
Explicaron que el Proyecto de Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, que lleva cuatro años en el Congreso Nacional, propone la creación del sistema integral para la prevención, detección, atención, sanción y seguimiento a todas las formas de violencia contra las mujeres basadas en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, a través de la regulación de políticas públicas orientadas al reconocimiento y respeto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
El mismo contempla medidas para la protección a las víctimas de violencia, para lo cual se involucran y articulan diferentes instituciones del Estado, en especial a los  ministerios Público, de la Mujer, de Salud y de Educación.

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