En ocasión de  conmemorarse el Día Nacional de los Derechos del Niño, la Coalición de ONGs por la Infancia, demandó hoy al Gobierno que asuma como prioridad estratégica el “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes” y el incremento de la inversión pública en favor de esta población como uno de los pasos fundamentales en esta dirección.

La Coalición destacó que del total de la población menor de 18 años de República Dominicana, más de 1 millón 700 mil se encuentran en situación de alta vulnerabilidad e indefensión frente a las múltiples amenazas que se ciernen sobre ella, mientras que la inversión pública en favor de esta población se estima que es inferior al 6 % del PIB, por debajo del promedio en América Latina.

La ola reciente de asesinatos, así como la normalización del matrimonio infantil y los embarazos en adolescentes,  son consecuencias de un estado que no asume su responsabilidad ante la niñez y que busca justificarse culpabilizando exclusivamente a las familias,  pero que no ha hecho lo suficiente para mejorar  la calidad y el acceso a servicios de prevención, atención y protección.

Embarazadas en RD

También los métodos de disciplina humillantes, como el castigo corporal, la mortalidad infantil, el trabajo infantil, la trata y tráfico, el abuso sexual, la explotación sexual comercial, el abandono parental, el consumo de sustancias psicoactivas y el involucramiento de niños, niñas y adolescentes en actividades de microtráfico, son graves problemas  de alta incidencia estadística que deben resolverse de manera impostergable si queremos que haya futuro y una sociedad diferente.

La Coalición afirmó que mientras la vulnerabilidad de la niñez está determinada por la pobreza extrema, la desorientación de las familias, la legitimación cultural de la violencia, la asimetría en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, así como entre adultos y personas menores de edad;  la ineficacia del  Sistema Nacional de Protección está condicionada por la no implementación de las políticas públicas del sector, las cuales carecen de financiamiento suficiente, ágil coordinación interinstitucional e intersectorial,modelos de gestión eficientes y transparencia en la rendición de cuentas.

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