La administración del presidente Donald Trump está contemplando una nueva reglamentación quecastigaría a los inmigrantes que usen los servicios públicos de Estados Unidos y luego busquen obtener la residencia legal o una nueva visa.

Bajo la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (que no ha sido presentada oficialmente y cuyo borrador fue obtenido por el medio Vox), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) se vería obligado a evaluar si los inmigrantes que solicitan cambiar su estatus migratorio han utilizado servicios públicos que tienen derecho a utilizar.

De aprobarse el reglamento, USCIS consideraría el uso de estos beneficios como un factor negativo de alto peso contra los solicitantes de la residencia o de alguna visa, haciendo que algunos sean inadmisibles por considerársele una posible ‘carga pública’ al país.

El borrador asegura que el propósito sería asegurar que los beneficios públicos no se conviertan en un ‘incentivo’ para migrar a Estados Unidos.

Estos son los beneficios que figurarían como factores negativos en las solicitudes migratorias de quienes los hayan utilizado:

  • los subsidios para seguros médicos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare,
  • la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) del Seguro Social,
  • la asistencia temporal para familias (TANF),
  • los cupones para la comida (SNAP),
  • el seguro médico para niños del programa CHIP para sus hijos,
  • el uso de servicios de Head Start para sus hijos,
  • asistencia nutricional para mujeres, infantes y niños (WIC),
  • asistencia del gobierno estatal o local en efectivo,
  • ciertos beneficios bajo Medicaid,
  • asistencia de energía,
  • asistencia de vivienda.

El documento aún no ha sido presentado de manera oficial por DHS.

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