María Teresa Cabrera

María Teresa Cabrera

Las autoridades del Ministerio de Educación tienen la obligación no sólo de mantener control en el aumento de las tarifas de los colegios, sino también de toda la dinámica mercantilista de los útiles escolares y de los textos escolares”, afirmó hoy la vicepresidenta del Frente Amplio y expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), María Teresa Cabrera.
Explicó que el tema del aumento de la tarifa escolar, recurrente todos los años, tiene que ver con la falta de voluntad de parte de las autoridades para actuar, hacer cumplir las normas , y asumir que la educación no es una mercancía, sino un derecho que el Estado tiene que garantizar a toda la sociedad.
Entrevistada en el programa Toque Final, que cada domingo conduce el periodista Julio Martínez Pozo, por Antena Latina canal 7, la profesora Cabrera dijo que otro aspecto negativo es el cambio de los libros de texto todos los años, con el único objetivo de que sea obligatorio comprarlo nuevo, aún cuando los del año pasado estén adecuados para que los usen otros niños.
“Esto ocurre  porque las autoridades adoptan una postura de dejar hacer y dejar pasar. Hay que actuar para corregir problemas que afectan a la gente. Nadie puede explicar por qué  hay que comprar un libro que no te altera nada del contenido, solo te cambia la portada y la fecha”, enfatizó.
La expresidenta de la ADP cree necesaria una política de diversidad textual, ya que  es más rica la actividad educativa cuando en un aula cada alumno consulta textos de autores distintos sobre un mismo tema, porque  eso permite una discusión riquísima de aprendizaje.
No hay autoridad. Aseguró que el principal problema  es que nadie frena a todos los que están envueltos en el “gran negocio” cada vez que inicia el año escolar.  “No son solo los dueños de los colegios, porque estos solo tienen que ver con el tema de las tarifas, en el mundo del negocio de la distribución y la comercialización de  los libros de textos escolares entran otros actores ante la mirada indiferente de las autoridades”.
Cabrera informó  que en el pacto educativo se contempla asumir el compromiso de una política pública editorial que vele por el contenido, publicación, mecanismos de distribución y comercialización de los textos para terminar con esa lógica que se ha impuesto en la educación,  y que afecta de manera sensible a la clase media que ya no aguanta más y que ha sido el gran blanco de este modelo de desarrollo que se ha impuesto.

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