La resolución aprobada ayer por el Senado establece excepción del requisito de presentar su tarjeta de vacunación a las personas que por situaciones de salud no puedan inocularse contra el COVID-19.

Su principal proponente, el senador Dionis Sánchez, dijo que de manera inteligente se estableció en dicha resolución que los no inoculados por razones médicas puedan presentar una prescripción médica para poder entrar a espacios públicos y privados.

“La resolución de manera muy inteligente establece una prescripción médica a aquellas personas que por alguna condición no puede vacunarse. Tienen que tener una prescripción médica que establece que no pueden vacunarse, tal como lo establece la Ley General de Salud”, explicó el senador por Pedernales.

Añadió que el artículo 64, de la Ley General de Salud No. 42-01, establece la obligatoriedad de vacunarse, pero que el reglamento para aplicar esa normativa consigna una excepción para aquellas personas que tengan razones médicas.

Destacó que “la resolución ha generado un debate importante. “Hay gente que le llama la atención porque entiende que esa resolución puede estar violentando los derechos fundamentales”, dijo.

Sin embargo, el legislador por Pedernales explicó que cuando los derechos fundamentales chocan la misma Constitución establece como armonizarlos.

Agregó que “el derecho colectivo a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la libre empresa están por encima del derecho individual que tú tienes a decidir no vacunarse”.

Precisó que quien toma esa decisión no solo se está afectando así mismo sino que podría poner en juego la salud de una gran cantidad de personas.

Por esa razón, aclaró, piden que se obligue a vacunar.

“Nosotros estamos pidiendo que se restrinja la participación, el acceso a tu poder ir a esos lugares donde hay gran conglomeración de gente”.

La resolución aprobada ayer por el Senado establece en su artículo primero solicitar al presidente Luis Abinader “que disponga la prohibición de la entrada a lugares de servicios públicos y privados, espacios de expendio de alimentos, bancos, restaurantes, el uso de transporte público y otros sitios que impliquen la aglomeración de hombres y mujeres, a personas que no estén inoculadas con la vacuna del COVID-19”.

Agrega en el mismo párrafo que esa disposición se haría “con excepción de las personas que tienen situaciones médicas que les impidan vacunarse, en aras de preservar la salud colectiva y el bien público”.

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