Las defensas de 23 de los implicados en la Operación Falcón informó que recurrirán en apelación la decisión del Tribunal de Atención Permanente de Santiago que envió a prisión preventiva de 18 meses a 15 de 23 imputados en ese caso.

Afirman que la jueza Iris Borgen Santana, del referido Tribunal, tomó esa medida de coerción producto de la presión mediática.

A juicio del jurista Pantaleón Mieses, la sanción no se sustenta por falta de pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Reymy Mieses, representante legal de Raúl Antonio Castro Mota, a quien le impusieron una garantía económica de RD$5 millones en efectivo, manifestó que su cliente no tiene los recursos para asumir esa suma de dinero que le impuso la jueza.

Aseguró que su defendido permanecerá en prisión hasta que recurra la decisión, en cuyo proceso entiende que Castro Mota será favorecido.

Ángel Rodríguez Cabrera, abogado de otro de los encartados, aseguró que las personas sancionadas con la prisión no tienen vínculos con la supuesta red criminal, acusada de lavado de activos, narcotráfico, tráfico de armas de fuego y de patrocinar campañas electorales.

Según dice, la jueza envió a la cárcel a los “cuidadores de fincas, decoradoras y gente que cuida inmuebles”.

Otro de los abogados denunció que José Alejandro de la Cruz Morales (Omar La Moña), uno de los que le impusieron 18 meses de prisión, no tenía orden de arresto.

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