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Un grupo de dominicanos fue acusado por la Fiscalía General de Nueva Jersey de usar identidades falsas pertenecientes a ciudadanos boricuas para comprar y financiar de forma fraudulenta carros de alta gama, lanchas rápidas y embarcaciones con remolques, valoradas en más de $1.3 millones de dólares.

Al menos siete de los carros fueron enviados de contrabando a la República Dominicana.

El Fiscal General Estatal de Nueva Jersey, Gurbir Grewal, dijo que 10 de los vehículos fueron recuperados en Estados Unidos y se gestiona lo propio con las autoridades judiciales dominicanas.

Tambié dijo que los acusados ​​obtuvieron las licencias de Nueva Jersey en las oficinas de la Comisión de Vehículos y Motores de las ciudades de Jersey City y North Bergen, utilizando las identidades robadas de los puertorriqueños y licencias de conducir.

“En el lapso de dos años, estos acusados ​​ compraron vehículos y embarcaciones por valor de más de $1.3 millones usando identidades robadas y obtuvieron de manera fraudulenta licencias de conducir digitales de Nueva Jersey. Luego enviaron varios de los vehículos robados al extranjero”, dijo el Procurador General Grewal.

Desde febrero de 2017 hasta diciembre de 2018, añadió el fiscal, compraron, financiaron, titularon o transfirieron de manera fraudulenta 26 vehículos de motor y tres embarcaciones de agua con remolques utilizando crédito de las víctimas en Puerto Rico.

Los acusados son: Taina G. Perez, Reyfy González, Jose M. Irizarry, Ricardo Acevedo, Andy A. Mazara, Tirso Ruiz, Álvaro J. Álvarez Capio, Willie A. Samuel Baldayaquez y Guillermo Alex Cruz Guerrero, quienes se movían en Nueva Jersey, Massachusetts, Ohio, Connecticut y otros lugares.

El noveno, Reyfy González, supuestamente conspiró con los demás en el fraude de documentos y estuvo involucrado en la recepción y transferencia de vehículos y embarcaciones robados. Seis de los acusados ​​están imputados ​​de robo mediante engaño, por realizar personalmente compras fraudulentas en Nueva Jersey.

La operación fue parte de una investigación de la Oficina de Delitos Especializados de la División de Justicia Criminal, que comenzó con una remisión de la Unidad de Investigaciones y Seguridad de la MVC.

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