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El Gobierno, que encabeza el presidente Luis Abinader, estimulará las inversiones en generación eléctrica convencional, privilegiando la región norte del país para la instalación de nuevas centrales, según comunicó el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte.

Resaltó que la mayoría de las plantas generadoras de electricidad están construidas entre San Pedro de Macorís y Peravia y que esa energía debe ser evacuada a todo el territorio por líneas de transmisión que se congestionan.

Almonte expresó que la meta de la nueva gestión gubernamental es incentivar las energías renovables, la movilidad eléctrica, y atraer al capital privado para que haga inversiones en electricidad convencional a gas natural y fortalecer las redes de transmisión del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Reveló que cuentan con un plan de licitación para energías renovables y que en los primeros 100 días de Gobierno le harán un planteamiento al Congreso para la revisión y actualización de la Ley de Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía, que data de 2007. “Para el Gobierno es fundamental la expansión de las fuentes renovables de energía. Eso tendrá su impacto en el mercado y esa licitación sería en el marco de esa nueva normativa”, afirmó.

El funcionario, al participar en Diálogo Libre, dejó establecido que el Gobierno de Abinader no va a construir plantas eléctricas, sino que va a promover, facilitar y dar estímulos para que el inversionista que quiera construir una planta lo haga.

“Además, el Gobierno estimulará la inversión en líneas de transmisión porque algunos proyectos renovables se construyen donde quiera. Es decir, a veces el lugar óptimo para un molino de viento es un cerro, entonces hay que descargar esa energía al sistema y para eso el Estado hará inversiones en proyectos de transmisión que facilite esa descarga”, explicó.

Destacó que el país cuenta con una oferta de energía de más de 3,000 megavatios, de los cuales más de 2,000 megavatios se producen a precio adecuado. Sin embargo, indicó que todavía la matriz de generación dominicana resiste mejoras para reducir el precio promedio final que paga el consumidor.

El desborde en los gastos de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), el mantenimiento de su ineficiencia y su quiebra financiera dificultan inversiones más amplias y de calidad en el sector generación, sostuvo el ministro, que afirmó que un nivel de pérdida de 25 % o 30 % “es una señal que no le gusta a los inversionistas”.

Para restituir la confianza (de los inversionistas) el ministro Almonte fue determinante al declarar que se darán pasos que van a implicar el achicamiento de las EDE, pero que también van a significar mayor eficiencia en la inversión que se haga en la reducción de pérdidas y el fortalecimiento de las redes.

La falta de un organismo regulador responsable ha hecho que la factura eléctrica sea arbitraria y que la misma no refleje ni la subida ni la bajada de los precios de los combustibles, según consideró Antonio Almonte.

Dijo que una de las responsabilidades que tiene el nuevo Gobierno es implantar la transparencia en el proceso de formulación de precios del mercado eléctrico “porque es una condición sine qua non y la institucionalidad del sector obliga a que la sociedad sepa cuál es el mecanismo de formación de los precios”.

Refirió que el país tuvo períodos donde el precio del barril de petróleo, cuando todavía el peso de los combustibles derivados del crudo tenía un peso importante en la canasta de generación eléctrica, bajó de US$100 a US$30, pero esa reducción de precio no se traspasó al consumidor eléctrico.

“Muchas veces hemos estado pagando electricidad más cara, pero otras veces la hemos pagado a precios inferiores a como pudo haber sido, si se traspasa el precio de los combustibles, lo que pasa es que no hay transparencia. También hay otro elemento, y es que tenemos una factura que se basa en una tarifa escalonada, quiere decir que hay subsidios cruzados y eso le quita un poco de transparencia a percibir el precio real del kilovatio-hora en función de su costo”, agregó el ministro.

Almonte añadió que en el caso de que sea necesario un subsidio se debe revelar y establecer y que en el caso de que haya un precio que no refleje el costo de producción del kilovatio-hora, pues la Superintendencia de Electricidad lo explica, “pero la sociedad debe saber”.

Declaró que en República Dominicana se ha creado una cultura adecuada de pago de teléfono, pero que una parte de la población no tiene esa misma concepción acerca de la electricidad.

El funcionario adelantó que las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) serán sometidas a una serie de mejoras, principalmente el área de facturación y cobro, mediante la incorporación de tecnología y división de roles.

“Una vez logremos, en un primer año, indicadores suficientes sobre desempeño de las edes, entonces podemos comenzar a examinar opciones que están sobre la mesa como la tercerización del cobro, que significa la separación de la acción de distribución. La otra acción es un proceso masivo de introducción de tecnología para los medidores inteligentes y, además, tener un control en línea y en tiempo real de lo que suceda en cualquier demarcación, que permita mayor eficiencia en la reducción de pérdidas y da más flexibilidad al cliente en lo relativo a su demanda y consumo”, explicó.

Ministro también de Minas

Las nuevas autoridades contemplan la aprobación de una nueva ley que regule la actividad minera en República Dominicana, debido a que la actual data del 1971 que “hoy prácticamente no sirve para la nueva realidad”.

Así lo dejó saber el titular de Energía y Minas, quien adelantó que existe una propuesta de ley en el Congreso sobre ese sector y que se proponen retomar esa iniciativa buscando los consensos para tener una legislación que garantice esa actividad con responsabilidad.

“Hemos estado fortaleciendo el área del Viceministerio de Minas, que estará encabezado por Miguel Ángel Díaz, con el propósito de promover la inversión minera, garantizar las empresas y que el impacto ambiental de la explotación minera no sea nocivo ni dañino para la sociedad”, afirmó

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