El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tenía previsto revisar este miércoles la medida de coerción al exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, y los demás implicados en la presunta red de corrupción que habría estafado al Estado con más de RD$6,000 millones, sin embargo, la audiencia fue aplazada para el 29 de este mes.

El motivo del aplazamiento se produjo a solicitud de las defensas. Según el Ministerio Público, depositaron nuevos elementos para que se mantenga la medida a los imputados y sus abogados pidieron que les fueran notificados.

Además, el imputado Rafael Mercedes no ha firmado contrato con su abogado para seguir defendiéndolo. Y el imputado Alfredo Solano cambió de abogado.

Al salir de la audiencia, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, expresó que hay elementos más que suficientes para mantener en prisión a los imputados en el llamado caso Medusa.

Las defensas, en cambio, establecen que la prisión es la excepción y que sus defendidos no se van a sustraer del proceso. Entienden que las condiciones están dadas para que le favorezcan con medidas menos graves.

El exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez está en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. También fueron enviados a Najayo los imputados Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Solano y Javier Alejandro Forteza Ibarra.

Mientras que en arresto domiciliario están Altagracia Guillén, Rafael Mercedes y Jenny Marte.

El imputado José Miguel Moya fue liberado bajo fianza de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora y, además, se le impuso impedimento de salida sin autorización judicial y presentarse ante el Pepca los 30 de cada mes.

El grupo está imputado por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, violación de la ley de sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, incurrir en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.

De igual manera, el expediente presentado por el Ministerio Público incluye cargos de soborno, lavado de activos y circunstancias agravadas del lavado, así como otras Infracciones graves, en lo concerniente a los hechos cometidos antes de 2017.

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