La Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de la provincia Duarte aplazó para el próximo lunes el conocimiento de la medida de coerción en contra de cinco empleadas Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) Pueblo Nuevo, en San Francisco de Macorís, por la muerte de un niño de un año y 10 meses de nacido que estaba bajo su cuidado. 

El aplazamiento se produjo para darle la oportunidad a los abogados de la defensa de presentar los presupuestos de sus clientes. 

Por la muerte de Maikel Esmil Castro Álvarez están imputadas las empleadas del Caipi Elena Hernández Muñoz, Carmerys Liriano de Candelier, Yanina Rojas Moronta, Rosmery Cross Olivo y Katerin Castaños.

Las imputadas están acusadas de homicidio involuntario, abandono y maltrato infantil.

El Ministerio Público está solicitando tres meses de prisión preventiva como medida de coerción para las cinco encartadas.

Smaily Rodríguez, fiscal de San Francisco de Macorís, justifica la solicitud por la negligencia y dejadez en los cuidados del menor de edad en la estancia infantil. 

Maikel Esmil Castro Álvarez falleció el pasado 2 de septiembre, en momentos en que estaba bajo el cuidado del personal del Caipi.  El médico legista actuante certificó la muerte como asfixia por inmersión.

Sin embargo, los familiares del menor de edad aseguran que su rostro presentaba golpes, por lo que piden profundizar las investigaciones.

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