Casi 20 años después de aprobarse una ley que exonera hasta el 100 % de impuestos a las empresas que se radican en las provincias de la zona fronteriza, apenas 87 empresas operan bajo su régimen, la mayoría de ellas en Montecristi.

El Senado de la República ya aprobó una modificación para la Ley No. 28-01 que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo para extender su aplicación otros 30 años, solo resta que la Cámara de Diputados la conozca.

Para el director Ejecutivo del Consejo de Coordinación Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, Erodis Díaz, entidad creada para examinar y aprobar los proyectos que se propongan instalarse en la zona, el problema nunca ha sido la ley sino la irresponsabilidad del Estado que no cumplió su rol de crear políticas vinculantes de los sectores privado y público para promover la inversión.

Los empresarios que la aprovecharon y otros que se dicen afectados por la competencia desleal han reiterado la necesidad de modificar no solamente el período de duración, sino completa.

El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Celso Juan Marranzini, aboga por que se modifique la ley, pero también eliminar la posibilidad de que empresas se aprovechen de “puntos en blanco que están dentro de la redacción actual”, para hacer evasión fiscal y competencia desleal.

Erodis Díaz afirma que los niveles de supervisión del Estado han sido deficientes. Considera que un aspecto positivo dentro de la modificación aprobada en el Senado es la reducción del Consejo de Coordinación que actualmente se compone de 34 miembros y que pasará a integrarse solo de 10. Esto haría más fácil el proceso de aprobación de los proyectos, aseguró.

Díaz explicó que actualmente realizan un levantamiento y supervisión de todas las empresas tras lo cual podrían tomar acciones correctivas contra aquellas que no cumplan todos los requisitos. Encontraron que suman 87 las empresas que actualmente operan bajo la ley 28-01 distribuidas de la siguiente manera: 58 en Montecristi, 14 en Dajabón, seis en Santiago Rodríguez, una en Elías Piña, cinco en Independencia y tres en Bahoruco.

Bajo estas condiciones, las empresas que se instalen en esas siete provincias están exentas de un 100 por ciento del pago de impuestos internos, aranceles aduaneros sobre materia prima, equipos y maquinarias, así como cualquier impuesto. Se les otorga un 50 por ciento de uso de puertos y aeropuertos.

También fija una reducción del 50 por ciento de cualquier impuesto, tasa o contribución vigente a la fecha o las que se establezcan en el futuro.

Sin embargo, están sujetos la pago del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

Los empleos que generan esas 87 empresas rondan los 10,000, de acuerdo con las estadísticas del Consejo de Coordinación.

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