La Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional está en la fase final de la organización de la acusación que presentó el Ministerio Público en el caso Coral para proceder a sortearlo y elegir el tribunal que se encargará de conocer el proceso.

Los abogados con los que Diario Libre ha hecho contacto, han dicho que están a la espera de que les notifiquen los documentos depositados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para poder opinar sobre este caso y también para preparar sus argumentos de defensa.

No obstante, han manifestado preocupación por la “falta de espacio adecuado” para conocer el proceso. Precisaron que “no hay sala de audiencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva lo suficientemente grande” para los treinta imputados más sus abogados y los representantes de las empresas. De antemano, prevén que esa situación podría convertirse en un obstáculo en el proceso.

El Ministerio Público depositó la acusación correspondiente a las operaciones Coral y Coral 5G el pasado miércoles. La Pepca solicitó que estos dos casos sean fusionados y conocidos junto como un solo proceso judicial.

La acusación incluye a 12 personas físicas nuevas y 13 empresas. Tiene más de 3,500 pruebas, contra el entramado sometido por defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

En la lista de los acusados están los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Torres Robiou, Julio de los Santos Viola, además Rafael Núñez de Aza, Raúl A. Girón Jiménez, Boanerges Reyes, Antonio Mata Flores, Carlos Lantigua Cruz, Blandesmil Guzmán, Miguel Ventura, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Flete Guzmán, Erasmo Pérez Núñez, Kelman Santana, José Rosario Pirón, Jehohanan Rodríguez, Esmeralda Ortega, Alejandro Montero, Epifanio Peña Lebrón, Lucía de Santos Viola, Manuel Alba Solano, Elida Trinidad Santiago, Manuel Alba Trinidad y Raymel Rosario Viola.

Además están Pedro Castillo Nolasco, Rosa Antonia Disla, Onoris Beatriz Soto, Erick Pereira Núñez, Santiago A. Suárez, y Guillermo Torres Robiou.

La acusación

Según dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), estas personas y empresas incurrieron en lavado de activos y otros crímenes, y los miembros de la red incrementaron exorbitante sus patrimonios con dinero sustraído del Estado.

Establece que el “entramado criminal, aprovechando sus funciones, su cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, cometió una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves”.

La estructura se caracterizaba por la creación de empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.

Asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para raciones, operaciones de inteligencia, valores que eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones, dice el Ministerio Público.

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