A pesar de que el gobierno de Estados Unidos reconoce que el país ha experimentado avances en materia de combate a la corrupción y persecución, empresas estadounidenses siguen señalando la corrupción como un obstáculo para la Inversión Extranjera Directa (IED), según un informe.
En la “Declaración sobre el Clima de Inversión en la República Dominicana 2025″, Estados Unidos, si bien subraya que la administración del presidente Luis Abinader “impulsa un clima de inversión confiable que atrae capital extranjero”, y asegura que las empresas estadounidenses “son la principal fuente de IED en el país, generando miles de empleos para los dominicanos y fortaleciendo los lazos económicos entre Estados Unidos y la República Dominicana”, critica la persistencia de prácticas como la falta de competencias técnicas en ministerios y licitaciones diseñadas intencionalmente para favorecer a empresas políticamente conectadas.
Las firmas, destaca el documento, a menudo se quejan de la “falta de competencias técnicas en ministerios, lo que resulta en licitaciones mal diseñadas o ejecutadas sin ajustarse a mejores prácticas internacionales. Algunas sugieren incluso que ciertas licitaciones problemáticas fueron diseñadas intencionalmente para favorecer a empresas políticamente conectadas”.
El sector empresarial norteamericano también se queja de corrupción a nivel municipal, especialmente vinculada a permisos, subraya.
Sin embargo, la publicación indica que, aunque persisten desafíos, la aplicación de leyes y regulaciones para
combatir la corrupción y sanciones penales para los funcionarios corruptos ha mejorado gracias al énfasis de la administración de Abinader en la transparencia. “A diferencia de gobiernos previos, las investigaciones y arrestos han alcanzado a altos funcionarios no solo de partidos opositores, sino también de la coalición oficialista”.
Destaca que el presidente Abinader ha cumplido en gran medida su compromiso de hacer de la lucha
contra la corrupción una prioridad, nombrando a funcionarios con reputación de profesionalismo e independencia y ha respetado la autonomía de su director general de Contrataciones Públicas y de la procuradora general.
Asimismo, aunque aún no se ha aprobado una nueva ley de contrataciones públicas, en 2023 se aprobó la Resolución No. 416-23, que sirve como paso interino con impacto positivo en los procesos de contratación. Fortalece las funciones de supervisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) e impone el uso del portal electrónico de compras de la DGCP.
Lamenta, sin embargo, que la regulación no impone sanciones penales para fraudes y abusos en el sistema de contrataciones, ya que ello requiere cambios legales.
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