La defensa de la competencia constituye una política pública esencial para garantizar mercados sanos, dinámicos y eficientes. En términos generales, se entiende como el conjunto de normas, principios y acciones orientadas a evitar prácticas anticompetitivas, tales como los acuerdos colusorios o el abuso de posición dominante, que distorsionan el libre funcionamiento del mercado. El bien jurídico protegido es la libre competencia, elemento fundamental para que consumidores, empresas y el propio Estado se beneficien de precios justos, innovación y diversidad de productos y servicios.
Es importante distinguir la defensa de la competencia de conceptos cercanos pero distintos. Por un lado, la defensa de los derechos de los consumidores se centra en proteger al individuo frente a abusos en el consumo de bienes y servicios, mientras que la competitividad se refiere a la capacidad de una economía, un sector o una empresa de sostener y mejorar su posición en los mercados, tanto internos como externos. La política de competencia, en cambio, actúa como garante del terreno de juego, procurando que ninguna empresa, por su tamaño o posición, limite intencionalmente las oportunidades de otras.
Ley 42-08 y Pro Competencia
En República Dominicana, el marco normativo de referencia es la Ley General de Defensa de la Competencia No. 42-08, promulgada en enero de 2008, que establece las normas para prevenir y sancionar las prácticas que restrinjan la competencia. Para su implementación se creó la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia), una autoridad administrativa con atribuciones para investigar, sancionar y promover una cultura de competencia en el país.
Aunque la ley 42-08 fue un avance significativo, su aplicación ha enfrentado múltiples retos: desde la resistencia inicial de actores importantes del mercado, hasta limitaciones en los recursos y capacidades institucionales para investigar conductas complejas, como los cárteles o la colusión en licitaciones públicas. A pesar de estos desafíos, Pro Competencia ha impulsado acciones de sensibilización y pronunciamientos sobre prácticas restrictivas, colocando el tema en el debate público, así como también ha realizado estudios con diagnósticos técnicos serios sobre sectores económicos de alta incidencia en el país.
El gran desafío: la ausencia de control previo de concentraciones
Uno de los puntos débiles de nuestra legislación es que no contempla controles ex ante sobre concentraciones económicas, fusiones o adquisiciones que puedan generar efectos anticompetitivos. La ley sólo permite actuar ex post, es decir, después de que la conducta restrictiva se ha producido y el daño al mercado ya es evidente. Esto contrasta con la práctica de países como Méjico, Chile o Brasil, donde las autoridades de competencia cuentan con marcos regulatorios sólidos para evaluar y aprobar o rechazar operaciones de concentración antes de que se materialicen, evitando efectos irreversibles.
Importancia estratégica de esta política pública
La política de competencia no es un tema aislado: interactúa directamente con otras políticas macroeconómicas, como la monetaria y financiera o la fiscal. Por ejemplo, una política monetaria orientada a la estabilidad de precios puede ser socavada por mercados con estructuras monopólicas u oligopólicas que fijan precios artificialmente altos. De igual forma, una política fiscal orientada a incentivar sectores estratégicos pierde eficacia si los beneficios son absorbidos por prácticas anticompetitivas.
Países como Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur y la Unión Europea en su conjunto han demostrado que una política de competencia fuerte y bien aplicada es una de las herramientas más efectivas para garantizar un crecimiento económico equilibrado, promover la innovación y proteger los intereses de la ciudadanía.
En fin, hoy podemos afirmar que la República Dominicana ha avanzado al contar con un marco legal como la Ley 42-08, pero el reto pendiente es su actualización y fortalecimiento institucional para enfrentar las dinámicas de los mercados actuales, donde la digitalización y la globalización generan nuevas formas de concentración y poder económico. Apostar por una política de competencia robusta constituye una apuesta por un país más justo, competitivo y con visión real de desarrollo.
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