El Gobierno alemán quiere pisar el acelerador y aprobar en los próximos meses una notable reducción de las emisiones contaminantes para cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional antes del final de la legislatura.

La canciller alemana, Angela Merkel, se reunió este martes con los grupos parlamentarios conservador y socialdemócrata, los dos que sustentan al Ejecutivo, para instarles a trabar un acuerdo ambicioso y lograr que la reforma salga adelante.

En una intervención virtual ante los diputados de su grupo conservador, Merkel afirmó que no podía “aparcarse la cuestión”. Ratificó su propósito de mejorar antes de que termine la legislatura -es decir, tras las elecciones del 26 de septiembre- la Ley de Protección del Clima, informa el semanario “Der Spiegel”, que cita como fuentes a asistentes a la reunión.

La sentencia del TC, emitida la semana pasada, emplazaba al Ejecutivo a modificar su articulado para “hacer justicia a las generaciones futuras” y establecía como margen finales de 2022. Merkel considera, sin embargo, que debe hacerse aún en este mandato.

Merkel ya había comunicado este lunes a la dirección de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), que tenía interés en avanzar rápido en este tema y que quería una implicación “sin peros” de la cúpula de la formación, según publica este martes el diario “Süddeutsche Zeitung”.

Tras esta reunión, el presidente de la CDU y candidato conservador a la Cancillería, Armin Laschet, aseguró en rueda de prensa que deseaba un “consenso climático” y mostró su disposición a negociar con otros partidos para sacar adelante de forma conjunta esta reforma.

El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, aseguró que el objetivo del Ejecutivo es “hacer una propuesta en esta legislatura para aplicar los puntos fundamentales de la sentencia” del Tribunal Constitucional y agregó que “todo” debería pasar “rápidamente”, en esta legislatura.

El interlocutor obvio fuera del Ejecutivo son Los Verdes, por su historial ecologista, sus buenos registros en los últimos sondeos -que los sitúan como primera o segunda fuerza- y porque todas las coaliciones posibles tras las elecciones de septiembre parecen pasar por ellos.

El copresidente de Los Verdes, Robert Habeck, consideró positivo que la reforma se tramite en esta legislatura y se mostró dispuesto a hablar con el gobierno para un plan “más ambicioso”, aunque dejó claros cuales deben ser a su juicio los pilares de la reforma.

Exigió un recorte de las emisiones para 2030 del 70 % con respecto a 1990 (el plan gubernamental que impugnó el Constitucional preveía un 55 %), apostar de forma decidida por las renovables, acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles y adelantar a 2030 el fin de los vehículos diésel y gasolina y de las centrales térmicas (actualmente 2038).

La ministra de Medioambiente, la socialdemócrata Svenja Schulze, adalid de la ambición climática en el Gobierno alemán, aseguró a “Der Spiegel” que podría presentar en cuestión de días un plan para recortar las emisiones hasta un 68 % para 2030, pero mostró sus dudas de que los conservadores quisieran aceptarlo.

La sentencia de la semana pasada del Constitucional instaba al legislador a reformar la ley de Protección del Clima, aprobada en 2019, que declaró parcialmente inconstitucional.

Consideró que el objetivo del 55 % para 2030 era insuficiente para alcanzar la neutralidad climática en 2050, compromiso alcanzado en la UE para cumplir con el Acuerdo de París y evitar que las temperaturas se eleven por encima de los 1,5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales, y criticó que no hubiese una hoja de ruta para el período 2031-2050.

La sentencia, en respuesta a una denuncia de colectivos ecologistas, salía en defensa de las generaciones venideras argumentando que es inconstitucional aplicar medidas medioambientales “suaves” a la actual población de Alemania a costa de tener que imponer restricciones más severas a la futura.

“Prácticamente todas las libertades de esas generaciones, en casi todos los ámbitos de la vida humana, podrían quedar potencialmente afectados” por los necesarios recortes del futuro, explicó el Constitucional.

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