La Asociación Casa Abierta planteó que en las discusiones sobre las reformas que discuten diversos sectores nacionales por convocatoria del presidente Luis Abinader incluya el tema de las drogas para que deje de ser excluyente como lo establece la Ley 50-88.

Juan Raddamés de la Rosa, director ejecutivo de la entidad, dijo que casi siempre cuando se convocan diálogos para hacer reformas, se deja fuera el tema de las drogas, pese a que es una problemática de salud pública.

“El momento es oportuno para que se produzcan reformas en las que finalmente sea superada la ley 50-88, que rige la política sobre drogas en nuestro país, por acientífica, antidemocrática, excluyente, y violatoria de derechos. Estas políticas tienen su origen en la discriminación y exclusión social de los años 30 en los EEUU. La Ley 50-88 es un gran obstáculo si queremos avanzar hacia estadios más participativos y democráticos donde no se deje fuera a las personas que usan drogas”, dijo De la Rosa.

Precisó que si realmente se quiere hacer reformas transparentes, democráticas e incluyentes, contrastando la realidad nacional e internacional, es insostenible tener una legislación que penaliza el consumo.

Manifestó que la actual legislación convierte en delincuentes a quienes solo son consumidores de sustancias, llevando a prisión a quienes deberían recibir atenciones de salud y agregó que la política actual, basada en la ley 50-88, prohíbe el uso de medicamentos extraídos de la cannabis para problemas de salud cuando las terapias convencionales no tienen respuestas eficaces.

“Esto en contra de lo que ya establece la ONU al respecto, que la ha reclasificado para promover la investigación y uso medicinal”, comentó.

De la Rosa consideró urgente la descriminalización de la posesión de sustancias para uso personal bajo el criterio de que “el Estado puede prescribir la forma del comportamiento frente a los otros, pero no la forma de comportamiento consigo mismo, siempre y cuando esa conducta no interfiera en los demás”.

“Esto implica que no se pueden separar las políticas de drogas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que se debe priorizar la atención adecuada a las personas, las familias, las comunidades y la sociedad en general, con miras a promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de toda la humanidad”.

De la Rosa consideró que el Estado Dominicano, como se ha hecho ya en otras naciones, debe contar con una ley para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, como forma de garantizar un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector de quienes requieren utilizar esa planta como herramienta terapéutica.

“Es momento para no seguir dejando de lado la realidad del fenómeno de las drogas en nuestra sociedad. Las políticas sobre drogas no pueden ser inamovibles, especialmente cuando han evidenciado no ser capaces de reducir la oferta y demanda de drogas en la población. El tema de las políticas de drogas debe estar en la agenda para el debate. Hay propuestas elaboradas para iniciar el proceso. Las políticas sobre drogas deben incluirse si en realidad queremos avanzar en los parámetros planteados: reformas transparentes, democráticas e incluyentes”.

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