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A partir del 28 de septiembre, fecha otorgada para que funcionarios salientes y entrantes depositen sus declaraciones juradas, la Cámara de Cuentas inicia un largo proceso de verificación que se tomará meses de comprobar.

La validación será realizada por la Oficina de Evaluación y Fiscalización de la Cámara de Cuenta, donde solo 20 personas verificarán expediente por expediente, según manifestó el director Hugo Álvarez Pérez.

La cantidad de personas que deben depositar sus patrimonios aún no se sabe, porque la Junta Central Electoral (JCE) no ha enviado las certificaciones de quienes resultaron electos en las pasadas elecciones, según indicó Álvarez Pérez.

Sostuvo que el proceso iniciará con los funcionarios que salieron de la administración pública, a quienes se les hará una comparación de las declaraciones anteriores y las actuales.

Si una fortuna es muy exagerada o si resulta sospechosa, se le solicita el Pleno de la Cámara de Cuentas la autorización para investigar y verificar en la Superintendencia de Banco y Jurisdicción Inmobiliaria, indica el titular de la entidad.

“Es un proceso que toma muchos meses”, agrega.

Si se comprueba que el declarante miente, se rendirá un informe a la Procuraduría General de la República, entidad que se encargará de someterlo a la justicia.

En el caso de los funcionarios entrantes, Álvarez Pérez expresó que si estos mienten la sanción consiste en retención de salarios hasta la destitución.

El artículo 14 de la Ley 311-14 obliga a los funcionarios a realizar sus declaraciones dentro del plazo, el artículo 15 establece las sanciones de uno a dos años de prisión y multa de 20 a 40 salarios mínimos y el artículo 17 establece que si se comprueba falsedad el patrimonio se decomisa y pasa al Estado.

Previo a las 8:00 de la noche del martes, solo 2,318 funcionarios habían notificados sus declaraciones de bienes, según los datos que ofreció el presidente de la Cámara de Cuentas.

Cientos de personas aglomeraron la oficina de la Cámara para realizar a última hora la entrega de documentos. Los agentes de seguridad tuvieron que lidiar con algunas personas que querían hacer el depósito sin hacer turno.

El tapón de personas que se armó, debido lo dejaron para última hora provocó algunas fallas técnicas en la plataforma digital. A algunos no ingresaron porque la contraseña le salía incorrecta. Eso provocó el aplazamiento para el 28 de septiembre.

“No dejen todo para última hora, que a partir de mañana saquen, vayan a la Jurisdicción Inmobiliaria, soliciten a la DGII, a los bancos, que de aquí el 28 tienen tiempo”, indicó el presidente de la Cámara.

Algunos funcionarios de altos nivel depositaron a través de tercero, mientras que la mayoría lo hizo de forma presencial.

El 27 de agosto, el presidente Luis Abinader advirtió a los funcionarios a realizar las declaraciones antes del 15 de septiembre. De lo contrario, podrían ser destituidos.

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