Congresistas de diferentes partidos favorecieron que las autoridades apliquen sanciones drásticas para evitar la migración ilegal haitiana, pero en el caso de las parturientas, que logran pasar la frontera, entienden que no se les debe negar la atención médica por razones humanitarias.

Los diputados peledeístas Gustavo Sánchez y Magda Rodríguez consideraron que se deben tomar controles más rígidos en la zona fronteriza pero que ofrecer servicios de salud a ilegales, como por ejemplo, a las parturientas, es algo humanitario y constituye un derecho fundamental.

Sánchez abogó porque no se les nieguen las atenciones médicas a las personas cuando las necesitan, porque sería inhumano.

En el caso de la también doctora Magda Rodríguez, ésta expresó que, aunque la República Dominicana tiene derecho a trazar su política migratoria, constituye “un asunto de derechos humanos dar salud eficaz, eficiente y compasiva al que necesite ayuda”.

“Yo, lo que creo es que los dominicanos tenemos que fortalecer los controles en la frontera” pero que si ya se le ha permitido la entrada de un extranjero ilegal debe prestársele servicios sanitarios pertinentes, dijo Rodríguez.

El senador de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, dijo que las deportaciones de parturientas es una decisión legal y que como país, la República Dominicana tiene todo el derecho de adoptar las medidas que sean pertinentes.

No obstante, cree que “la parte humana hay que respetarla independientemente de todo”.

El legislador cuestionó que por el “macuteo” no se fortalezcan los puestos de chequeos fronterizos.

Espera que se tomen medidas más drásticas en contra de todos los que violen las leyes sin importar que estén involucrados militares.

En tanto que el vocero del bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Alfonso Genao Lanza, se mostró de acuerdo con las deportaciones de las parturientas haitianas y de todos los ilegales extranjeros debido a que los servicios de salud y de otra índole que se les ofrecen en el país tienen un costo que se obtiene de los impuestos que pagan los dominicanos.

Favoreció que el gobierno haga las investigaciones necesarias a fin de que el “esquema de negocio”, que dijo, “ha imperado durante muchos años”, sea desmantelado, sin importar que sean perseguidos y castigados militares y autoridades que estarían involucrados en ese delito.

“Se deben hacer las investigaciones necesarias y, ese esquema de negocios que hay muchos militares, hay muchas autoridades involucradas, se debe perseguir y castigar. Estamos en un momento en que la migración debe controlarse”, expresó.

Defendió que la República Dominicana, como país soberano, trace sus políticas migratorias y que ninguna institución, ni organismo extranjero, puede inmiscuirse en ese derecho constitucional. Esto último en franca referencia a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que pidió al Gobierno dominicano suspender la deportación de mujeres embarazadas.

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