Daniel Urrutia, el controvertido juez que tiene contra las cuerdas a la mayor cárcel de seguridad chilena

Durante sus años como alumno de derecho de la Universidad de Chile, una escuela que se caracteriza por su efervescencia política y a la que entró en 1992, Daniel Urrutia Laubreaux, de 49 años, era quitado de bulla, dedicado a sus estudios y al movimiento católico Schoenstatt. Con el tiempo, y ya convertido en juez de garantía, en un Poder Judicial chileno en el que sus integrantes suelen ser discretos, el abogado ha cultivado un alto perfil. Hoy está en medio de una controversia mayor, en la que, incluso, la Administración del presidente Gabriel Boric lo ha criticado con dureza pese a que es inusual que el Ejecutivo comente resoluciones judiciales. Ha sido porque a fines de enero autorizó a cuatro detenidos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) de Santiago, dos de ellos miembros de la organización criminal venezolana el Tren de Aragua, para que pudiesen realizar videollamadas fuera del país a sus familiares. Esto, desde la principal cárcel de alta seguridad en Chile, símbolo del actual Gobierno de izquierdas en su Política nacional contra el crimen organizado.

El juez también visó que un traficante colombiano, condenado a 15 años de cárcel, tuviera visitas íntimas en el REPAS pese a que no hay un espacio habilitado para ello.

El caso de Urrutia ha generado un fuerte debate en Chile, pues en el telón de fondo de su determinación hay dos asuntos: si un juez de garantía está por sobre el reglamento penitenciario, que en el caso del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS) de Santiago, donde están los cuatro imputados, solo se permiten las visitas a través de locutorios; o si los detenidos pueden comunicarse con el exterior de Chile desde un penal con fuerte segregación. La polémica se ha suscitado pues ha permitido que el contacto sea a través de medios que no están autorizados por Gendarmería debido a que es un penal de máxima seguridad y segregación, donde se encuentran los principales líderes de bandas transnacionales. Parte de esas disyuntivas las resolverá el lunes la Corte de Apelaciones, pues el servicio de prisiones recurrió para que le concedan apelar a la medida.

El ministro de Justicia de Boric, Luis Cordero, catalogó su determinación como fuera de la legalidad. Dijo que no está en discusión “el derecho de esas personas a recibir visitas”, sino “que exista comunicación telemática a través de un establecimiento de máxima seguridad con personas que se encuentran fuera del país”. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que la determinación “perjudica la seguridad del país”. Y agregó que, en la lucha contra el crimen organizado, el “esfuerzo que hace el Estado pierde todo el sentido si un juez los autoriza a comunicarse por videollamadas con sus familiares o, eventualmente, con integrantes de la propia organización criminal”.

El REPAS es un penal con una larga historia en Chile. Por 30 años se denominó Cárcel de Alta Seguridad (CAS). Fue fundada en 1994 como centro de detención para integrantes de movimientos de extrema izquierda, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y el Movimiento Juvenil Lautaro, que tomaron las armas en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y continuaron haciéndolo en los primeros años de democracia. Entonces se proyectó con locutorios, pero una comisión parlamentaria de derechos humanos la época se opuso. A partir de 2005, la CAS comenzó a recibir a otros perfiles de delincuentes. Entre ellos, Manuel Fuentes Cancino, alias El Perilla, un histórico narcotraficante chileno, líder del Cartel de La Legua.

Fue Boric quien la reabrió como REPAS en marzo de 2023. Fue la primera que se implementaron las visitas por locutorios.

Un juez con sanciones

Daniel Urrutia, a diferencia de sus pares, es activo en redes sociales. En su biografía de la red social X, donde tiene más de 29 mil seguidores, se define como “latinoamericanista”, por “jueces y juezas promotoras de los derechos humanos y la justicia social”.

Quienes han seguido su carrera no se sorprenden de que hoy esté nuevamente en la controversia. En 2005, en una visita a la Penitenciaría de Santiago tomó fotografías con su teléfono y denunció que el hacinamiento era tal que los presos dormían a la intemperie. Fue una de sus primeras sanciones, no por la denuncia, sino porque tomó fotos con un móvil.

Poco antes, en 2004, en su tesis de un diplomado de Derechos Humanos criticó la labor del Poder Judicial, y de la Corte Suprema, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), de quienes dijo que debían pedir perdón. Entonces recibió una nueva sanción. El caso lo llevó el mismo Urrutia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2020 condenó al Estado chileno por “la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión”.

Los cercanos al juez destacan que, en 2013, para la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, la Corte Suprema admitió en una declaración que omitió su papel en la defensa de los derechos humanos, pero no pidió perdón, como sugería Urrutia.

Con redes internacionales

Para mediados de los 2000, con dos sumarios abiertos, y un tercero en vista que ponían a Urrutia en la cornisa del Poder Judicial, con un permiso administrativo viajó a México para una asesoría. Estuvo tres años en Chiapas, donde hizo clases. De allí llegó con un nuevo perfil, y muchas redes internacionales, que también estableció años después en Costa Rica. Son juristas de distintos países los que hoy han salido a respaldarlo en su nueva controversia, versión 2024.

Sus fallos y opiniones son los que lo han llevado a tener resonancia fuera de Chile, pero muchos también han provocado controversias internas. En 2016, en otro de sus episodios, Urrutia ordenó al Servicio Electoral que 22 internos de una cárcel votaran en unas elecciones en circunstancias que, en esa época, no había una ley para ello (se implementó en 2021). La Corte de Apelaciones consideró que no tenía atribuciones.

Pero fue después del estallido social de 2019, que Urrutia volvió al protagonismo.

En 2022 fue como invitado a exponer a la comisión de derechos humanos de la Convención Constitucional, el primer intento de Chile por cambiar su Ley de Leyes, y compuesto principalmente por integrantes de izquierdas. Allí Urrutia dijo que “durante el estallido social, el Poder Judicial ha sido parte del dispositivo de represión al avalarlo y justificarlo a través de muchos procesos basados en evidencias de muy poca calidad o directamente inventadas por agentes del Estado”. Y que “detrás de cada violación de a los derechos humanos hay un juez que, por acción u omisión, la permitió”.

Sus palabras cayeron mal dentro de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, un gremio que hasta entonces lo había respaldado. Y allí perdió, incluso, el apoyo de varios jueces progresistas, quienes eran su bastión por años. El Tribunal de honor lo sancionó con seis meses de suspensión en el gremio y, aunque luego le bajaron el castigo, Urrutia, en su estilo, decidió renunciar.

La carta de dimisión la publicó Urrutia, en julio de 2023, en sus redes sociales. Dijo que su “compromiso permanente con la defensa de los derechos humanos, y con la necesaria refundación del Poder Judicial latinoamericano para pasar de una estructura colonial jerárquica, patriarcal, clasista y racista, a una estructura que sirva realmente a la democracia, continuará a nivel internacional”.

En esas líneas Urrutia nombró a varias organizaciones. Y, precisamente una de ellas, el Comité Panamericano de jueces y juezas por derechos sociales y doctrina franciscana, desde Buenos Aires ha enviado una carta a Boric, difundida por Urrutia, ante su nueva controversia que tiene entre las cuerdas al principal penal de alta seguridad. Allí señalan que el magistrado, a quien cuentan que designaron como Sumo Pontífice en agosto de 2023, ha sido objeto de “una campaña de hostigamiento con motivo de una decisión judicial adoptada en el marco de sus competencias”.

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