David de los Santos tenía 24 años de edad y el pasado miércoles fue a la plaza comercial Ágora Mall.

El licenciado en Educación Física habría amenazado de muerte a la dependiente de un establecimiento, de acuerdo a un primer reporte, y luego de dos horas y media caminando dentro del centro comercial, fue llevado al departamento de seguridad del lugar. Allí fue esposado, con las manos delante, por los efectivos privados del negocio.  

Veinte minutos más tarde, a las 8:00 p.m., una patrulla de la Policía Nacional llegó a recoger a De los Santos, para trasladarlo al destacamento Naco, ubicado en la avenida Ortega y Gasset, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La policía lo esposó colocando sus manos detrás de la espalda.

Los videos del centro comercial demuestran precisamente eso, y enseñan cuando De los Santos es escoltado por los efectivos policiales.

Un día más tarde fue trasladado al hospital Moscoso Puello y el viernes al Darío Contreras. De los Santos murió el domingo y aunque la institución del orden hizo correr la versión de que De los Santos “pudo haberse autolastimado” durante una supuesta crisis nerviosa, el acta de defunción cita la causa de la muerte como un “trauma contuso craneoencefálico severo” y lo tipificó como homicidio.

La PGR asume caso

Ayer, la procuradora general de la República, Miriam Germán, instruyó a la Dirección de Persecución para que coordine las investigaciones de los casos de ciudadanos que perdieron la vida luego de estar detenidos en cuarteles policiales.

De inmediato, la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, se reunió con familiares del David de los Santos, aunque no trascendió lo tratado.

Autoridades del Ministerio Público también se presentaron la tarde de ayer a las instalaciones de Ágora Mall, con fines de investigar a la joven que supuestamente habría sido amenazada por David De los Santos, previo a que fuera retenido por la seguridad del lugar y posteriormente entregado a la Policía Nacional.

Supuestamente, De los Santos había amenazado a la empleada de una tienda. Tras el incidente, sus compañeras salieron en busca de ayuda y agentes de vigilancia de otros comercios y de la plaza comercial buscaron al joven hasta que personal de seguridad procedió a abordarlo. La policía llegó 20 minutos después. 

La joven, empleada de uno de los comercios que funcionan en el centro, fue trasladada por agentes del órgano acusador para ser interrogada, según una compañera, que no quiso ofrecer más detalles. 

“El Ministerio Público vino para aclarar la situación con la joven del problema y fue llevada para sus oficinas para ser interrogada”, comentó a Diario Libre. 

Al ser abordada sobre si ciertamente habían recibido amenazas por parte de De los Santos, sostuvo que no tenía nada que decir. 

A la plaza comercial también se presentaron oficiales de la Policía Nacional y de la Dirección Central de Investigación (Dicrim). 

Diario Libre intercede

La directora de Diario Libre, Inés Aizpún, facilitó un encuentro de los familiares del occiso, que pudieron ver todos los videos de las cámaras de seguridad de la plaza. Confirmaron que el joven salió custodiado por la policía a las 8:22 p.m. del miércoles. Agradecieron las respuestas a todas sus inquietudes y el extenso visionado. La familia pudo ver el mismo metraje que la plaza comercial ha entregado a la Policía.

Un bulto que el joven llevaba en la plaza comercial en ese momento quedó en un casillero de un supermercado del mall y fue entregado ayer a un enviado del Departamento de Homicidios, previo inventario de su contenido. 

Derechos Humanos preocupada

Las circunstancias de la muerte todavía se investigan, pero ya suman seis muertes en condiciones similares desde marzo, de acuerdo a un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Su presidente, Manuel María Mercedes, los cita por zonas: “Tenemos el caso de San José de Ocoa, tenemos el caso de Santiago, un caso en Villa Riva, anoche se agrega un nuevo caso en San Francisco de Macorís y también tenemos un caso registrado en la Comisión que sucedió en Hato Mayor”.  

Públicamente se han conocido los casos de José Gregorio Custodio, un hombre de 38 años que el pasado 17 de abril fue detenido por agentes de la Policía, en San José de Ocoa y falleció al día siguiente en un hospital. 

También el de Richard Báez, de 30 años, detenido por la Policía en Santiago. Desde el destacamento tuvo que ser llevado al hospital José María Cabral y Báez donde falleció.  

María Mercedes asegura que esos seis casos no son aislados y que son apenas los que salen a luz pública porque las personas mueren. Afirma que hay otros en los que, personas son sometidas a malos tratos físicos para obligarles a declarar.   

Una denuncia similar hace Virgilio Almánzar, del Comité Dominicano de Derechos Humanos, que asegura que hay casos de tortura a diario, y cita algunos destacamentos en los que, presuntamente, esos casos más frecuentes.  

Para Almánzar, se han vuelto a retrotraer situaciones que ya había superado la Policía Nacional, y lo atribuye a una línea de entrenamiento de los agentes en contra del respeto a los derechos de las personas.

María Mercedes, en cambio, no cree que sea una línea, y prefiere pensar en los casos en que sectores dentro de la institución, inconformes con la dirección policial, se prestan como en el pasado a “jugar en río revuelto, con situaciones tan lamentables y dolorosa para la República Dominicana”.

Por eso pide al propio presidente de la República poner paro a esas situaciones, con la advertencia de que podría tener un costo político para todo el Gobierno.

Por lo pronto, el director de la Policía, Eduardo Alberto Then, informó que instalarán cámaras de seguridad en los destacamentos policiales, ante los recientes casos, haciendo referencia directa al de Naco, cuya dotación policial ha sido suspendida.

Posible brutalidad policial

En la nota de prensa que envió ayer a los medios, Miriam Germán, la procuradora general, recordó el firme compromiso que tiene el Ministerio Público de asegurar que “estos casos que apuntan a posibles violaciones de derechos humanos y a posible brutalidad de la autoridad policial se investiguen, siempre con la responsabilidad y objetividad que amerita cada caso, para someter a la justicia a los responsables de los hechos sin importar quién sea el responsable”. “Entendemos perfectamente -dijo- la indignación de la sociedad. Estamos a la espera de los resultados de investigaciones que están en curso en las distintas jurisdicciones del país. Hemos instruido a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público para que fortalezca las investigaciones de estos casos en los cuales se avizora un cierto patrón de conducta que no podemos permitir”. Ayer, amigos y familiares organizaron una protesta por el caso que también ha revivido el movimiento de ciudadanos que utilizan la etiqueta de redes sociales #PolicíaNomeMate, como rechazo a las muertes de civiles en manos de agentes policiales.

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