El Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción acusa a 13 implicados de pertenecer al entramado de corrupción Operación Coral 5G. Se señalan varios supuestos nombres claves o codinomes con los se identificaban los presuntos miembros de la red.

De que se les acusa:

Al imputado Juan Carlos Torres Robiou se le acusa por tener falta de correlación entre los ingresos de comunidad de bienes y propiedades muebles e inmuebles adquiridos. Se le suma coalición de funcionarios, prevaricación y asociación de malhechores, desfalco, estafa contra el Estado, falseamiento y omisión en la declaración jurada.

También se vincula en este caso, según el Ministerio público, por los prestamos asumidos y pagados de forma irregular, por el estilo de vida ostentado, así como la cantidad de dinero ahorrado por la comunidad de bienes del imputado y su esposa.

Se desempeñó en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) desde el 2014 hasta el 2021. Recibía un incentivo mensual por la institución de RD$180,000.00 fuera del salario que le correspondía.

De los Santos Viola, general de brigada de la Fuerza Área, se le acusa por lucrarse de un sistema replicado de recolección ilegal de dinero tanto en efectivo como a través de transferencias, sustentado fraudulentamente en distracción de los recursos públicos.

La solicitud del Ministerio Público detalla que las acciones del mismo fueron apoyadas por un equipo del personal que estaba bajo su estricto mando y supervisión inmediata. Agrega que utilizó familiares y militares para el movimiento de los recursos y la adquisición de bienes.

Se desempeñó como subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial del exmandatario, Danilo Medina. Solo en gastos operaciones recibió durante el periodo 2014 hasta 2020 la suma de RD$737,509,49.00, aumentado así “sus patrimonios personales”.

Además, supuestamente posee varios inmuebles que no coinciden con la cantidad de ingresos registrados.

Reyes Batista fue designado como comandante del primer Regimiento de la Guardia Presidencial el 16 de agosto de 2016, puesto que ocupó hasta agosto de 2020. El Ministerio Público indica que durante este periodo se benefició considerablemente de los hechos de corrupción cometidos por el entramado, en perjuicio del Estado.

Indica que adquirió terrenos y construcción de una lujosa mansión en el residencial Colina del Oeste, “utilizando el mismo modus operandi de los coimputados Juan Carlos Torres Robiou. Adán Benoni Cáceres y Franklin Antonio Mata”.

Supuestamente manejó más de RD$59,000,000 de forma irregular.

Mata Flores es acusado de beneficiarse considerablemente de los hechos de corrupción cometidos por el entramado Coral 5G. Fungió como director de Dragas, Presas y Balizamiento donde supuestamente recibió un total de RD$8,116,598.00 en el periodo de junio 2014 hasta agosto del año 2020.

De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, el imputado Mata Flores solo presenta vinculación con la empresa De la Cruz Auto Import S.A., en donde posee una participación de 0.2% en las acciones.

Mata Flores adquirió terrenos y construcción de una lujosa mansión en el residencial Colinas del Oeste, supuestamente utilizando el mismo modus operandi de los coimputados Juan Carlos Torres Robiou, Adán Benoni Cáceres Silvestre y Boanerges Reyes Batista.

Lantigua Cruz estuvo adscrito al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), desde 2014 hasta 2021. Manejó un total de RD$304,961,595.00 por conceptos de fondos destinados a las raciones alimenticias en el Cestur.

Es acusado del Ministerio Público por distraer fondos del Estado en provecho de la organización criminal, aumentar considerablemente su patrimonio, “adquiriendo propiedades que no podría justificar con sus ingresos propios ni sumados con los de su pareja Damaris Altagracia Marmolejos Almonte De Lantigua”.

Guzmán Alcántara perteneció a Cestur desde 2014 hasta 2021, llegando a dicho lugar con el coimputado Juan Carlos Torres Robiou. Durante el periodo en que estuvo en la institución, supuestamente percibió por concepto de salarios, viáticos y bonificaciones, la cantidad de RD$5,832,152.44.

De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, se le acusa de aumentar considerablemente su patrimonio, adquiriendo inmuebles y vehículos que no podría justificar con los ingresos legales que puede demostrar, y sin haber adquirido financiamientos para estos.

Pérez Núñez es acusado de no lograr correlación entre sus ingresos de la comunidad de bienes y las propiedades muebles e inmuebles adquiridos.

Estuvo adscrito al Cusep desde el 2012, llegando a dicho lugar con el coimputado Adán Benoni Cáceres Silvestre, a quien se mantuvo asignado para servicio en esa institución del orden. Supuestamente, es uno de los hombres de confianza y brazos operativos del imputado Cáceres Silvestre y tenía bajo su responsabilidad la administración de varias fincas y granjas de este que se encuentran en La Vega y en Monte Plata.

Por su comportamiento financiero, los bienes adquiridos, así como el estilo de vida asumido por el imputado Kelman Santana Martínez y su conyugue Marioly Pérez Adames, el Ministerio Público lo acusa de no tener correlación entre estos y sus ingresos.

Santana Martínez estuvo adscrito al Cuerpo de Seguridad Presidencial desde el 31 de agosto del año 2012 devengando por dicha función el salario de RD$25,875.00.

De acuerdo al expediente, adquirió varios apartamentos, creó empresas y posee varios vehículos.

Es señalo por el Ministerio Público por ser parte esencial de la estructura de corrupción, identificado como la mano derecha del director financiero de Cestur y Cusep, Rafael Núñez De Aza.

En el periodo de 2018 al 2020, Rosario Pirón supuestamente realizó 10 depósitos por valor de RD$17,904,476.17 a empresas y asociaciones “que su único objetivo es lavar dinero producto de la corrupción, y que están relacionadas directamente a los coimputados Adán Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza, Rossy Guzmán y Tanner Flete”.

El imputado es acusado por el órgano perseguidor por aumentar considerablemente su patrimonio, identificándose propiedades muebles e inmuebles que no podrían ser justificados con sus ingresos legales.

Acusado por el Ministerio Público de tener una asociación con empresas privadas para distraer fondos del Estado dominicano.

Dentro de la acusación figura además que utilizaba entidades comerciales que figuraban como adjudicatarias de procesos de prestación de bienes y servicios, las cuales en realidad no cumplían con el fin para el cual fueron contratadas, recibiendo los pagos por estos conceptos y entregándoles una partida de los mismos a los miembros de esta estructura criminal.

Además, señala que fue beneficiado con licitaciones para suplir tickets de combustibles, los cuales “nunca fueron entregados”.

Ventura Pichardo era encargado de inteligencia de Cestur, donde es acusado por el Ministerio Público de desviar fondos de las raciones alimentarias destinadas para esa institución.

Existía una designación mensual por un monto de RD$1,000,000, recurso que fue distraído supuestamente por Ventura Pichardo y Roberto Acevedo.

Es acusada por el Ministerio Público por tener enriquecimiento ilícito injustificables.

Perteneció a Politur desde el año 2003 hasta el 2021, donde devengó como último y más alto salario unos RD$36,241.00. La misma posee a su nombre propiedades del imputado Rafael Núñez de Aza, según la solicitud de medida de coerción.

Señalada por el Ministerio Público como la jefa de operaciones bancarias realizadas para poder mover las transacciones ilícitas del entramado Coral 5G. La apodan 550, por ser este el número la sucursal de Banreservas ubicada en Santo Domingo Este.

El órgano acusador indica que todas las transacciones realizadas por vinculados en el entramado en esa entidad bancaria, específicamente en la sucursal 550, eran depositados en efectivo sin crear ningún tipo de alerta ante los montos elevados depositados.

Además, creó una empresa que en menos de un mes la benefició con la suma de RD$2,448,071.43, pagos realizados por concepto de adquisición de filtros para vehículo, cheques pagados por el imputado Adán Cáceres.

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