La Comisión de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales recibió ayer al presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández para escuchar las inquietudes del gremio sobre esa propuesta legislativa depositada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina.

En el encuentro, Surún Hernández explicó que la pieza viola varios artículos de la Constitución y derechos fundamentales de los usuarios del sistema de justicia. También externó que el proyecto busca contrarrestar la declaratoria de inconstitucionalidad pronunciada por el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia TC/0286/21, sobre las audiencias virtuales.

El presidente del CARD se hizo acompañar de otros miembros del gremio, quienes entienden que la iniciativa plantea la realización de audiencias y procesos virtuales no opcionales, lo que viola la Tutela Judicial; además se consagra el acceso a los expedientes judiciales por la vía virtual, eliminando el acceso presencial a través de las Secretarías que establece la Constitución y la Ley 821.

“Este proyecto constituye en los hechos el cierre del acceso a la Justicia para el 70% de la población Dominicana que no tiene acceso a Internet, a equipos informáticos y que las audiencias virtuales serán a discreción de un Juez”, lo que vulnera los derechos de todos los usuarios del sistema, la Carta Magna y los Códigos de Procedimiento Civil, Código Procesal Penal, Código de Trabajo y otros.”, expresó el presidente del CARD.

Asimismo calificó como preocupante que el Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales pretenda dar validez probatoria a los documentos escaneados, tratándolos como originales, a pesar de ser fotocopias a color, lo que abriría las puertas a los fraudes judiciales, en perjuicio de la ciudadanía; así como con las audiencias virtuales cuyo resultado depende si te envían o no el link de conexión, el acceso a la energía eléctrica, la permanencia o calidad del internet o de los equipos informáticos, lo que constituye en una desigualdad entre los usuarios.

Recordó que “El artículo 69 de la Constitución de la República habla sobre la Tutela Judicial y el Debido Proceso, indicando que toda persona tiene derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita y en este anteproyecto se violentan todos estos derechos”.

Miguel Surún advirtió a los diputados que de aprobarse el proyecto en estos términos, el Congreso daría la espalda a nuestro sistema Constitucional y al precedente del TC, pues como tajantemente quedó establecido, en nuestro ordenamiento no hay espacio para que ningún órgano u ente público regule o limite a su antojo derechos fundamentales de la población.

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