Las comisiones permanentes de Derechos Humanos, de Ministerio Público, de Desarrollo Humano y de Interior y Policía de la Cámara de Diputados recibieron este lunes la presentación del primer estudio de trata de personas realizado en once municipios del país.

El informe destaca que durante la crisis del COVID-19 varios factores aumentaron la vulnerabilidad de algunas personas, principalmente de las mujeres y niñas, debido a las limitantes para el acceso a servicios públicos, la pérdida de trabajo y/o reducción del horario laboral.

También, muestra muchas coincidencias entre los distintos municipios, presentándose en todos éstos las distintas modalidades de trata de personas (explotación sexual, trabajo forzoso, mendicidad forzada, servidumbre doméstica) y casos de trata interna, trata externa y de personas migrantes.

 

El documento explica que la trata de personas cuenta con un soporte de entramado social que fluye entre municipios, provincias y trasciende los territorios.

Según contempla el estudio, la modalidad más aguda es la trata de personas con fines de explotación sexual comercial en los municipios de las zonas turísticas como Higüey, La Romana, Puerto Plata y Boca Chica.

Además, pone de manifiesto que en municipios ubicados en zonas turísticas, como en aquellos no ubicados en estas zonas, se encuentra una población migrante haitiana, venezolana, colombiana y en menor grado ecuatoriana que ha sido y es víctima de trata de explotación sexual, trabajo forzoso, explotación sexual comercial de niñez y adolescencia, mendicidad forzada, matrimonio servil y servidumbre doméstica.

La presentación del estudio, encargado por Participación Ciudadana, estuvo a cargo de la Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas.

El presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Dionicio Rodríguez Restituyo, tuvo a su cargo la dirección de la reunión donde se presentó dicho informe.

Su presentación estuvo a cargo de Tajira Vargas y Sonia Hernández, ambas de la Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas.

Los municipios donde se realizó el estudio fueron Sosúa y San Felipe de Puerto Plata; Santiago, San Francisco de Macorís (Duarte), Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Boca Chica, Distrito Nacional, Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís.

Modificación de Ley que castiga la trata de personas

En el informe se recomienda al Congreso Nacional la actualización de la Ley 137-03 que castiga la trata de personas en la República Dominicana, por considerar que está desfasada, lo que implica su adecuación a los nuevos tiempos.

Indica que la débil judicialización de los casos de trata de personas en los municipios afecta notablemente la prevención y detección, porque acrecienta el miedo a la denuncia y la desconfianza en la persecución  del delito.

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