La Inspectoría del Poder Judicial tiene bajo la lupa a dos jueces que fueron descubiertos por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) realizando actividades no compatibles con sus funciones, al convertirse en proveedores del Estado.

Aunque los nombres de los jueces no fueron revelados, fuentes judiciales dijeron a Diario Libre que ya tomaron conocimiento de las denuncias y que han iniciado una investigación para esclarecer lo denunciado.

De acuerdo con las informaciones que dio la DGCP, los registros de proveedores fueron suspendidos a los dos magistrados junto a un grupo de 113 alcaldes y regidores por incumplimiento al artículo 14 de la Ley 340-06 que prohibe a esos funcionarios públicos ofertar o contratar con el Estado.

No obstante, la Ley 327-98 sobre Carrera Judicial también establece una serie de prohibiciones para los jueces. En el artículo 45 numeral 3 de la normativa se establece que un juez no puede participar en la gestión o administración de actividades comerciales o económicas, en sentido que de algún modo de lugar a una dualidad de atribuciones, derechos e intereses.

Mientras que el artículo 65 de la Ley de Carrera Judicial establece sanciones para los magistrados que van desde la suspensión del cargo por 30 días, hasta la destitución por faltas graves en el ejercicio de la función judicial.

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