
Las enfermedades mentales han representado históricamente una importante carga de discapacidad y mortalidad en la región, situación que se ha visto agravada luego de la pandemia, asegura la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Desde el 2020 y hasta la fecha, el organismo de salud viene alertando a líderes y tomadores de decisión sobre la importancia de garantizar que la salud mental ocupe un lugar prioritario en la agenda política, con el fin de abordar el agravamiento de la salud mental en América Latina, tras la pandemia por COVID-19.
Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada ocho personas en el mundo padecía un trastorno mental en 2019, que se caracterizan por la alteración de la cognición, regulación de las emociones o el comportamiento de una persona, siendo la ansiedad y la depresión los más comunes.
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República Dominicana se encuentra dentro de los diez países de la Región de las Américas con mayor carga de trastornos mentales y ocupa el primer puesto entre los de Centroamérica y el Caribe, según las cifras de la OMS.
En el país, la salud metal en las últimas dos semanas ocupa la agenda mediática, a raíz del caso de Jean Andrés Pumarol, señalado como responsable de la tragedia en el sector de Naco, donde resultó una mujer fallecida y varias personas herids. Se ha dicho que el joven, de 30 años, sufre de esquizofrenia.
¿Un caso aislado? No, según el estudio “Impacto de la salud mental en el sistema de salud dominicano.
Entendiendo el panorama de atención de la salud mental, en República Dominicana, con enfoque en esquizofrenia y trastorno depresivo mayor, realizado por IQVIA, el 20 por ciento de la población dominicana padece un trastorno mental.
Pese a que ese tema ha cobrado más relevancia en los últimos años, esto no se traduce, precisamente, a una mayor inversión.
Para la doctora Alexandra Hichez, quien habló esta semana en un programa de radio de la falta de prioridad que el Estado dominicano otorga a la salud mental. Con cifras en mano, señaló que el país solo destina el 0.6 % del presupuesto de salud a ese ámbito, muy por debajo del 5-10 % sugerido por la OMS. “Llegó el tiempo. Es una exigencia. No se va a mendigar más. El 5 % del presupuesto de salud debe ir a salud mental”, declaró la psiquiatra.
De igual manera, la especialista cuestionó la falta de apoyo de sus colegas psiquiatras y de autoridades del sector, como el ministro de Salud, Víctor Atallah y el director del SNS, Mario Lama, así como la falta de especialistas de salud mental en el país.
El país solo cuenta con 240 psiquiatras, para una población de once millones de habitantes.
Una lucha de años
El reconocido psiquiatra César Mella, también ha lamentado que las autoridades gubernamentales hayan descuidado los centros de salud mental, como el de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini (El 28). “Actualmente, en ese centro hay 112 pacientes en condiciones deplorables y en abandono familiar”, lamentó el doctor.
Alertó sobre el aumento del suicidio en República Dominicana (651 en 2024), que dijo tiene una vinculación importante con las enfermedades psiquiátricas.
El costo de la salud mental
La falta de respuesta del sistema de salud pública ha facilitado la creación de clínicas privadas, donde un paciente gasta entre los 50 y 200 mil pesos mensuales, debido a que las ARS no cubren tratamientos de salud mental.
Sobre el tema, César Mella advierte sobre los altos precios de los fármacos para tratar trastornos de la salud mental. “Para que tengamos una idea, cualquier frasco de antipsicótico cuesta entre los 7 y 10 mil pesos y un internamiento puede llegar a los 50 mil pesos”, dijo.
Marco legal
El marco legal del Plan Nacional de Salud Mental incluye la Ley 12-06 sobre Salud Mental, la cual dicta en el artículo uno, que tiene por objeto regular el derecho a la el más duro atención disponible en materia de salud mental de todas las personas, en el ámbito de lo dispuesto en la Ley General de Salud.
Sin embargo, psiquiatras entrevistados en el estudio de IQVIA, consideran que no se está cumpliendo con ese derecho e identifican varias razones: falta de medicamentos, dificultad para acceder a éstos, no hay cobertura médica o no están disponibles, difícil acceso a la atención, falta de psiquiatras y deficiencia de infraestructura y cama. También destacan que los espacios existentes son inadecuados para la atención y hospitalización.