La agrupación política el País Que Queremos (EPQ) consideró como una necesidad urgente desterrar del imaginario político dominicano “la fantasía sexual del matrimonio infantil”, considerada viable por algunos legisladores en el marco del debate sobre la aprobación del Código Penal que se realiza en la Cámara de Diputados.

Según EPQ, el marco legal actual no sanciona explícitamente el denominado “matrimonio infantil”, con lo cual se legaliza y legitima la violencia hacia niñas y adolescentes.

Citó que según las estadísticas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el país ocupa el primer lugar en uniones tempranas en América Latina y el Caribe, con un 36% de las mujeres unidas o casadas antes de los 18 años, estando muy por encima de la media regional que es de 23%.

“El Código para el Sistema de Protección y los derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) tipifica como abuso sexual las relaciones con personas menores de edad en las que haya una diferencia de cinco años o más (artículo 396)”, estableció Aris Balbuena, dirigente de EPQ, al precisar que, sin embargo, el Código Civil establece excepcionalidades a la edad mínima del matrimonio que dan pie a abusos sexuales respaldados por la ley.

Balbuena indicó que las adolescentes mayores de 15 y los adolescentes mayores de 16 pueden casarse legalmente con autorización de sus padres y por debajo de estas edades pueden hacerlo con autorización de los padres más una dispensa judicial. Refiere que el 12.3% de las mujeres de entre 20 y 24 años que se casó o unió lo hizo antes de los 15 años de acuerdo con datos oficiales.

“La ocurrencia del matrimonio infantil y las uniones tempranas está ligada a una cadena de violencias y violaciones de derechos de la población infantil y adolescente. La mayor incidencia se registra en la población más empobrecida, con un 58.6 % de las niñas y adolescentes del quintil más pobre que se casan o unen antes de los 18 años y un 23% que lo hace antes de cumplir los 15 años de edad”, indicó Balbuena.

A esto añade la exposición de niñas y adolescentes a entornos familiares violentos y a los “imaginarios de género tradicionales” que establecen un vínculo directo entre “ser mujer” y ser “madre-esposa”. Esta situación, dice Balbuena, se presenta ligada al embarazo en la adolescencia, donde 3 de cada 4 embarazos resultan de una unión temprana. “Esto debería ser un escándalo nacional”, expresó.

Al respecto, el portavoz de EPQ, Bartolomé Pujals, dijo que la desigualdad de poder entre las menores de edad y sus parejas adultas, las coloca en una situación de desventaja para negociar cuestiones como la continuidad de sus estudios, el uso de métodos anticonceptivos y la administración de los recursos.

“Enfrentar esta problemática implica, además de la modificación del marco legal, garantizar los derechos básicos de la niñez y la adolescencia y la educación sexual científica en el sistema educativo”, enfatizó el portavoz de EPQ al insistir y llamar a los actores políticos y sociales a romper con la práctica de la violencia machista que reproduce los roles tradicionales de género y la maternidad como destino ineludible de las mujeres.

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