El presidente, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que impedirá por 60 días la entrada de inmigrantes que no tengan ya una visa válida o de solicitantes de green cards que estén fuera del país, en el marco del combate a la pandemia del COVID-19.

Trump firmó una “proclamación” que suspende temporalmente la inmigración legal a EEUU, para según él asegurar que los desempleados estadounidenses sean “los primeros en línea para los trabajos, en lo que se reabre la economía, y se preserven los recursos de cuidado de salud para pacientes estadounidenses”.

Sin embargo, durante su rueda de prensa diaria sobre el coronavirus, Trump dijo que el sector agrícola siempre ha contado con mano de obra inmigrante y seguirá haciéndolo, porque “no queremos perjudicar a nuestros negocios, nuestros agricultores”.

El mandatario no descartó la posibilidad de ampliar o modificar la orden tras el período de 60 días, para que sea “más o menos dura”.

Horas antes, Trump destacó que incluso antes de esta medida ya estaba en marcha el fortalecimiento de la seguridad en la frontera sur y el combate al tráfico de humanos, gracias a la construcción de 170 millas de muro y la presencia de 27,000 soldados mexicanos.

Alcance de la medida 

El documento, dividido en ocho secciones, explica que la medida entrará en vigor la medianoche de este jueves, durante 60 días, y aplicará a solicitantes de residencia permanente que estén en el exterior.

La Administración también suspende la lotería de visas, creada en 1990 para promover la diversidad étnica y cultural del país y que anualmente se otorga 50,000 extranjeros de países con baja representación en EEUU.

Además, impide la reunificación familiar de residentes legales que solicitan a sus cónyuges e hijos en el exterior.

Según el documento, “no hay manera de proteger a estadounidenses ya en desventaja o desempleados de la amenaza de la competencia” de inmigrantes por escasos trabajos en el mercado laboral.

Pero la medida establece varias exenciones para cónyuges de ciudadanos estadounidenses, sus hijos naturales menores de 21 años o posibles hijos adoptados, a residentes legales, y a miembros de las Fuerzas Armadas y sus cónyuges e hijos.

También permite el ingreso a profesionales de la salud clave en el combate al COVID-19, y a los cónyuges e hijos menores de 21 años de estos, así como a solicitantes de green cards bajo el programa de inversionistas EB-5, y a inmigrantes con visas especiales o que sean críticos para los intereses nacionales de Estados Unidos.

La medida tampoco afectará a los miles que ya viven y trabajan en EE.UU. y han iniciado trámites de ajuste migratorio para la residencia permanente, ni a los que tienen visa temporales, como estudiantes o portadores de visas “H-1B” o “H-2A”, entre otros.

El documento indica que la orden no afectará a solicitantes de asilo o refugio, pese a que la administración ya les ha frenado la entrada desde antes de la pandemia.

Trump le ha dado plazo de 30 días a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional para evaluar los programas de visa de no inmigrantes, y presentar recomendaciones sobre otras medidas adecuadas para “estimular a la economía de EE.UU., y dar prioridad a la contratación de trabajadores estadounidenses”.

Los extranjeros que violen la orden mediante el fraude o ingreso ilegal serán sujetos a la deportación.

La medida surge en momentos en que la pandemia del COVID-19 ya se ha esparcido por todo el país y se ha cobrado la vida de más de 46,000 personas, según un recuento de NBC, y el país entero debate cuándo y cómo reabrir la economía sin provocar una segunda ola de brotes.

La orden fue elaborada con la ayuda de Stephen Miller, un asesor político de Trump conocido por su postura antiinmigrante.

El Instituto de Política Migratoria (MPI, por su sigla en inglés) ha calculado que si la medida abarca a todas las solicitudes de residencia permanente –salvo las de cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses– esta afectaría a 55,500 personas al mes, o un total de 111,100 durante el período de 60 días.

Si la medida se extendiera durante un año, esta afectaría a 660,000 personas, indicó el MPI.

Durante un año fiscal un promedio de un millón de extranjeros obtienen residencia permanente en Estados Unidos, de los cuales el 55% ya están en el país y 45% son nuevos ingresos, de acuerdo con estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional.

Pero, dadas las condiciones actuales, esta medida es más un “gesto simbólico” de Trump para su base conservadora y tendrá un impacto “mínimo”, dijo a Noticias Telemundo Andrew Selee, presidente del MPI.

“Esto empezó como un gesto simbólico del presidente Trump para su base, pero cuando sus asesores comenzaron a elaborar una política pública, muchos le aconsejaron hacer algo más limitado… hasta donde vemos, la orden ejecutiva es más limitada y de mucho menos impacto”, explicó Selee.

“Gran parte del proceso de green cards ya estaba paralizado, por el cierre de consulados y oficinas administrativas de inmigración. Mientras la orden dure dos meses, el impacto será poco, pero si se prolonga, podría tener más impacto a largo plazo”, agregó.

“No quiero minimizarlo; habrá gente que tendrá que postergar sus bodas, esperar con incertidumbre su futuro, pero al final de cuentas no será un universo grande de  personas impactadas”, acotó.

Según la Casa Blanca, el objetivo de la orden ejecutiva es proteger tanto la salud como el bienestar económico de los estadounidenses, en unos momentos en que la pandemia del COVID-19 ha diezmado miles de negocios y ha provocado despidos masivos.

Pero el mandatario tuvo que modificar su propuesta inicial de suspender todo el sistema de inmigración legal, después de que ejecutivos del sector empresarial advirtieran sobre su impacto económico negativo, según fuentes allegadas a la Administración.

Varios rubros de la economía, incluyendo los sectores agrícola, tecnológico, de salud y de servicios, emplean mano de obra inmigrante.

Trump ganó la presidencia en 2016 en parte por su mensaje populista y su postura de “mano dura” contra la inmigración ilegal y su respaldo a restringir aún más la inmigración legal.

En 2018, el Congreso derrotó su plan para reducir drásticamente la inmigración legal.

La Administración Trump ha implementado de forma unilateral numerosas restricciones a la inmigración, incluyendo el freno a solicitantes de asilo en la frontera sur, y acuerdos migratorios con los países del Triángulo del Norte para disuadir la emigración ilegal.

El año pasado, Estados Unidos admitió a cerca de 459,000 inmigrantes con green cards, un descenso del 13% respecto a 2018, según el DHS.

Medida llega tarde

La medida ha generado el rechazo de la oposición demócrata, grupos cívicos y defensores de los derechos de los inmigrantes, que acusan a la Administración Trump de utilizar a los extranjeros como “chivos expiatorios”.

Para cuando Trump declaró una emergencia nacional por la pandemia de coronavirus, el pasado 13 de marzo, el país ya había registrado 204 muertes.

Además, muchos de los países afectados por las restricciones migratorias han registrado un bajo número de casos confirmados de coronavirus.

Los activistas, sindicatos, y asociaciones de profesionales de salud mantienen su exigencia de que el gobierno amplíe los recursos para las pruebas de diagnóstico y aumente la entrega de equipos de protección personal, conocidos por su sigla en inglés PPEs.

El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, ha destacado que la orden ejecutiva en realidad no obedece a un asunto de salud pública, como ha dicho Trump, porque la pandemia del COVID-19 ya estaba arraigada en Estados Unidos mucho antes.

“En vez de buscar chivos expiatorios, el país necesita que el presidente Trump se arremangue y trabaje mano a mano con los gobernadores para incrementar la capacidad de las pruebas, provea PPEs y fondos para los gobiernos locales y estatales que están en primera línea de esta pandemia”, subrayó Menéndez.

“El presidente tiene que entender que el enemigo no son los inmigrantes sino un virus que nos pone en peligro a todos”, enfatizó Menéndez, cuyo estado ha registrado más de 4,700 muertes por el COVID-19.

¿Protección o agenda “antiinmigrante”?

Decenas de grupos cívicos y proinmigrantes, entre éstos Detention Watch Network, Bend the Arc, y la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, han descrito la medida como un ardid para sumar votos de cara a los comicios generales de noviembre próximo

Silky Shah, directora ejecutiva de Detention Watch Network, atacó a Trump por no poner en libertad a inmigrantes alojados en centros de detención que han registrado brotes de coronavirus, y afirmó que su nueva medida ejecutiva “sólo atizará la creciente xenofobia en Estados Unidos”.

Según Shah, “Trump intenta reabrir la economía mientras impide la inmigración, y su agenda antiinmigrante nunca ha estado más clara”.

Por su parte, Stosh Cotler, principal ejecutivo del grupo judío Bend the Arc, advirtió de que “la agenda nacionalista blanca de la Administración Trump está poniendo en grave riesgo tanto nuestra salud como nuestra democracia”.

“El prohibir la inmigración no va a mejorar la salud ni la seguridad de los estadounidenses, especialmente ahora que Estados Unidos tiene el mayor número de casos de COVID-19 en el mundo”, señaló.

Mientras, el abogado Hans Meyer, principal ejecutivo del bufete legal Meyer Law, dijo que Trump es un “xenófobo en jefe que ha recurrido de nuevo a su táctica favorita de atacar a los inmigrantes”, en vez de asumir responsabilidad por “acciones que han costado la vida a miles de personas”.

“La crisis más grave en nuestros tiempos una vez nos demuestra cómo nuestra sociedad se beneficia de las contribuciones cruciales de los inmigrantes, que en la actualidad son los que más sufren”, agregó Meyer.

Ya antes de la pandemia, la Administración Trump había impuesto una serie de restricciones a la inmigración legal en Estados Unidos, mientras que los tribunales de inmigración están atiborrados de casos, y muchos han suspendido sus audiencias.

Mientras, las distintas agencias del gobierno encargadas de trámites migratorios operan con serias limitaciones. La Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por su sigla en ingles) ha postergado entrevistas y ceremonias de naturalización, y el Departamento de Estado ha suspendido trámites para ciertas visas.

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