Esta historia es parte del especial “Un año en pandemia” de Diario Libre, realizado por Mariela Mejía, Yulissa Álvarez, Karen Veras, Suhelis Tejero, Wander Santana, Nathanael Pérez, Severo Rivera, Cristian Cabrera y Yamalie Rosario.

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Además, los efectos de la pandemia del COVID-19 fueron marcados en el plano educativo, en el que las brechas digital y educativa se hicieron más evidentes, en consonancia con las desigualdades sociales existentes.

Al menos el cierre parcial de todos los tribunales del país aceleró la transformación tecnológica de la justicia, permitiendo continuar con el conocimiento de los procesos de manera virtual.

“El Gobierno ha desplegado en los diferentes ámbitos económicos una intensa agenda que nos permite afirmar que en el año 2021 el crecimiento económico será notorio e impactará positivamente en todos los sectores de la sociedad”, aseguró el pasado sábado el presidente Luis Abinader.

Él rendía cuentas de sus primeros seis meses de gestión; Diario Libre lo amplía al primer año de la pandemia.

El sistema de salud ha tenido que estar disponible para una pandemia que hasta el pasado sábado había acumulado 239,617 casos oficiales de COVID-19 en el país desde marzo de 2020.

De estos, 191,338 se recuperaron y 45,179 seguían contagiados, mientras que 3,100 personas fallecieron.

Con el inicio de la pandemia, gran parte del recurso humano del sector salud tuvo que salir de los centros, algunos por ser muy mayores de edad y otros por presentar algún tipo de comorbilidad, dos características favorables para el impacto del coronavirus.

Esta situación urgió a los centros a agregar más personal y el Gobierno creó un programa de capacitación para médicos y colaboradores de salud sobre los síntomas y comportamientos del virus para avanzar en la detección temprana.

Las jornadas laborales se hicieron más intensas y el personal médico dedicado a la atención del COVID-19 estableció jornadas de 24 horas para luego regresar a los 14 días, tiempo en el cual podrían determinar si se habían contagiado.

El cansancio, la fatiga y el temor se convirtieron en el pan de cada día del personal de salud que debió alejarse de sus familiares para evitar que el virus atacara a sus seres queridos. Sin embargo, muchos médicos se vieron contagiados y al menos 800 trabajadores de la salud se han visto afectados.

Para poder salvaguardar el bienestar del personal médico, el Gobierno asignó un presupuesto de más de RD$224 millones para la compra de indumentarias de protección personal en Salud Pública.

Durante los dos primeros meses de la pandemia las consultas electivas fueron suspendidas y las emergencias de hospitales como el Moscoso Puello fueron abarrotadas en busca de atención médica. Algunos médicos empezaron a ofrecer consultas a través de los medios digitales.

Esta situación cambió el ritmo de las consultas y la condición médica de los pacientes, pues a pesar de que estas fueron agendadas y atendidas dependiendo del grado de urgencia, muchos usuarios regresaron a los centros descompensados.

La pandemia cambió la forma de recibir a los pacientes en los hospitales porque, para poder evaluarlos, deben activar una serie de procesos y protocolos para proteger la salud de su personal.

La depresión y el estrés por el confinamiento aumentó la demanda de atención psicológica de la población, por lo cual el Gobierno, las universidades y las instituciones privadas empezaron a consultar vía telefónica y de forma gratuita.

Otro elemento que se puso en evidencia fue el déficit de camas en los centros de la red pública. En el caso de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) solo se contaba con alrededor de 500 camas a nivel nacional, incluyendo los servicios neonatales y materno-infantil.

En tal sentido, el Gobierno autorizó la inversión de RD$211 millones del Servicio Nacional de Salud para el remozamiento de las áreas de emergencia de ocho hospitales públicos.

Se habilitaron salas de aislamiento en diferentes hospitales a nivel nacional y varios centros hospitalarios para recibir únicamente a pacientes positivos o con sospecha de serlo. De igual forma, se contrataron clínicas privadas completas para atender a pacientes diagnosticados con el virus y se habilitaron más de cuatro mil camas adicionales para aislamiento.

El Ministerio de Hacienda implementó medidas en apoyo a la industria farmacéutica para la producción e importación de medicamentos e insumos, garantizando el abastecimiento de la población a precios razonables.

Una de las medidas más simples ha sido el uso de las mascarillas. Toda la población se ha visto obligada a utilizar este insumo, que hasta el primero de marzo del 2020 solo era necesario para el personal médico.

En farmacias localizadas en diferentes lugares del país, las mascarillas se agotaban con rapidez debido a la compra masiva de la gente que tenía temor al contagio y también a las sanciones que desde el Ministerio de Salud se establecieron para aquel que no las utilice.

Entre marzo y abril del año pasado, el precio de una mascarilla desechable oscilaba entre los RD$3 y los RD$70, y las N95 (las más recomendadas) costaban entre RD$250 y RD$500. Al pasar los meses, los precios fueron disminuyendo.

Como consecuencia de las medidas por la pandemia, unos 2.8 millones de estudiantes preuniversitarios, públicos y privados, tuvieron que continuar sus clases a distancia en el último tramo del período escolar 2019-2020, desde el 13 de marzo hasta el 19 junio de año pasado. Esto conllevó a que el Consejo Nacional de Educación (CNE) anunciara una promoción condicionada de los estudiantes hacia el siguiente grado.

La pandemia generó el surgimiento de más guarderías y salas de tareas informales, y contribuyó al incremento del homeschooling, entre otros servicios, y algunos colegios tuvieron que cerrar sus puertas o unificar varios grados preescolares para subsistir. Otros incurrieron en préstamos.

La decisión del CNE, antes del inicio del año escolar, de destituir a 18 directores regionales y a los 122 directores de distritos, nombrados hasta el 2023, generó ruidos, y el Ministerio de Educación (Minerd) los nombró como asesores.

Las cancelaciones masivas de los empleados administrativos por el cambio de las autoridades también fueron cuestionadas.

El Minerd informó que el año escolar 2020-21, que se inició el pasado 2 de noviembre a distancia, tendría un costo de RD$50 mil millones.

La estrategia educativa “Aprendemos en Casa” incluyó capacitar a 150 mil docentes y contratar los servicios de transmisión de los contenidos educativos con emisoras, canales de televisión, empresas de cable y de páginas web por RD$5,157.5 millones. Además, la adjudicación de cuadernillos escolares de enero y febrero por RD$86.4 millones.

Asimismo, fueron licitados los servicios para rehabilitar 570 centros educativos por un monto estimado de RD$ 3,500 millones, y para comprar unas 940 mil laptops, tabletas y netbooks, por RD$15,055 millones.

Un colectivo de Padres por la Educación Presencial en la República Dominicana, Unicef, Acción Empresarial por la Educación (Educa), el Consejo Nacional de la Empresa Privad (Conep), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje) y otros sectores plantearon la necesidad de reiniciar la docencia presencial.

Ante las presiones, el CNE decidió el retorno gradual, seguro y voluntario a las aula y aprobó un protocolo, elaborado por la mesa técnica de los ministerios de Salud Pública y Educación. Decidió que los mismos comisionados elaboren un cronograma y un calendario para el retorno a las aulas. Ante esa decisión, la presidenta de la ADP, Xiomara Guante, advirtió que las clases presenciales no se iniciarán hasta que existan condiciones.

En las universidades también se imparten las clases de forma virtual, enfrentando debilidades en la conectividad. Varias instituciones educativas iniciaron la semipresencialidad.

La llegada del COVID-19 golpeó con fuerza a uno de los sectores que más dinero aporta a la economía dominicana: el turismo. Aunque todavía no hay datos definitivos del año 2020, durante los primeros nueve meses se dejaron de percibir al menos US$3,700 millones solo por el desplome de la actividad turística.

A partir de marzo, con el cierre de las fronteras y la paralización casi total de las actividades económicas para frenar los contagios, el efecto fue en cadena: las empresas cerraron, algunas definitivamente; los contratos de miles de empleados entraron en suspenso y se registró un acelerado endeudamiento para poder compensar la falta de recursos.

La cifra preliminar que manejó el Banco Central de República Dominicana fue el de una caída de 6.7 % del Producto Interno Bruto en 2020, por arriba del -4 % que al principio se estimaba cuando la incertidumbre era el factor predominante del escenario mundial.

El balance del daño laboral generado por la pandemia fue devastador. Un total de 829,824 trabajadores fueron suspendidos durante el año 2020, y de ellos 464,412 personas lograron retornar a sus empleos, pero para 247,705 suspendidos la consecuencia del virus fue quedar desempleados.

Y el impacto pudo ser mayor sin los subsidios sociales que se entregaron durante el pico de la crisis de la pandemia. Desde que llegó el COVID-19 en marzo de 2020, el Gobierno dominicano ha destinado un total de RD$133,352.5 millones en ayudas a los trabajadores afectados por la situación. El monto equivale al 11 % de todo el dinero público que se ha gastado en los últimos 14 meses.

Sectores económicos vitales para el país, como el turismo, no han logrado curarse del COVID-19. En enero la tasa de ocupación hotelera se había recuperado a 35.8 % en uno de los meses que tradicionalmente concentra la demanda turística. La ocupación de habitaciones hoteleras estaba antes de la crisis en un nivel por encima del 70 %.

El vacío que deja el turismo en divisas es importante y, aunque la llegada de las remesas familiares al país llegó a un récord de US$8,219 millones el año pasado, no fue suficiente para cubrir el hoyo. El Gobierno ha intentado cubrir ese déficit con endeudamiento: en 2020 la deuda pública del sector público no financiero –que no incluye la del Banco Central– cerró en 2020 en US$44,519.1 millones, lo que significó que se contrató nueva deuda por US$8,576.6 millones en ese año.

En marzo del 2020, se cerraron parcialmente todos los tribunales del país, y además se aceleró la implementación de la tecnología para continuar con el conocimiento de los procesos judiciales.

El efecto de la COVID-19 en el sistema judicial dominicano fue más allá del cierre de tribunales y la aplicación de la virtualidad, puesto que, a raíz de esto, surgió un conflicto entre el gremio de los abogados y el presidente del Poder Judicial, Luis Henry Molina.

Los abogados alegaban que “se estaban muriendo de hambre”, debido a la paralización de las audiencias presenciales e iniciaron la realización de protestas simultáneas para presionar la apertura de los tribunales.

Debido a las presiones, el Consejo del Poder Judicial aprobó iniciar un programa de apertura gradual de los tribunales a partir del primero de junio del año pasado. Actualmente, los tribunales están brindando servicios en las dos modalidades: virtual y presencial.

Así ha sido el panorama del sistema judicial afuera; dentro de las cárceles el COVID-19 llegó. Las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) calculan que hasta el pasado 4 de febrero, solo 20 privados de libertad han muerto diagnosticados con la enfermedad. Esto a pesar de las condiciones de hacinamiento e insalubridad en el sistema carcelario dominicano.

Los últimos datos estadísticos reportan que desde el inicio de la pandemia han sido diagnosticados con el virus 1,350 reclusos, de los cuales 1,256 habían superado la enfermedad. Estos datos incluyen a los dos modelos carcelarios existentes en el país, donde, en conjunto, hasta febrero pasado había una población de 27,022 prisioneros.

Sin embargo, las propias autoridades han especificado que en este periodo solo se habían aplicado 13,220 pruebas PCR, o sea, le han realizado pruebas solo a la mitad de los presos.

Para prevenir la proliferación se ejecuta un protocolo que exige que todo privado de libertad que ingresa, agote una cuarentena, aunque la prueba rápida que se le aplica ofrezca un resultado negativo.

La mayor cantidad de casos positivos del COVID-19 se ha detectado en los 19 centros de la Dirección General de Prisiones, donde se diagnosticaron 840 reclusos positivos. En tanto en los 23 centros del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria se registraron 510 positivos. Todo esto, desde que se declaró la pandemia en marzo de 2020.

En relación con la Dirección Nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley, con 517 menores de edad en cinco centros en todo el país, no hay registro de ningún caso activo en la actualidad.

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