Anoche, el Ministerio Público depositó el expediente acusatorio contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás implicados en la red de corrupción denominada Medusa, en la que un ingeniero narra con detalles todo el proceso para la adjudicación de los lotes de construcción dentro del Plan de Humanización de la Procuraduría.

Un testigo, cuyo testimonio está incluido en el expediente de acusación del caso de corrupción administrativa, afirmó que con el tema del pago del 20 % de “extorsión” por parte de las empresas a las que se les adjudicaron lotes para la construcción de la Nueva Victoria, tuvo que interceder a favor de los ingenieros, de acuerdo a lo indicado por el Ministerio Público.

El imputado Rafael Canó, exjefe de gabinete de la Procuraduría General de la República, quería que ese pago fuera del primer desembolso y se negaba a recibir a los contratistas, dice el documento.

“Por el tema que se presentó con el avance y los contratistas, ellos me piden que interceda. Es ahí que hablo con Jonathan Rodríguez, porque el señor Rafael Canó no quería ver a ningún contratista, entonces yo le pedí que nos reuniéramos para pedirle que flexibilizara con ese tema del pago de lo que para mí era una extorsión. Entonces se negoció y ellos flexibilizaron, y la suma que cada contratista fue pagando fue negociada por cada contratista de manera independiente”, dice el expediente al que Diario Libre tuvo acceso.

El expediente del caso Medusa establece que el exprocurador Rodríguez y los demás imputados integraban una red de corrupción que operó desde la Procuraduría General en el período 2016-2020 y que estafó al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos.

El alegado 20 % de “extorsión” por parte de las empresas a las que se les adjudicaron lotes para la construcción de la Nueva Victoria se les especificó a los contratistas desde el principio (antes de terminar la licitación) y ellos estuvieron de acuerdo en pagar ese porcentaje, dice el expediente depositado anoche.

El dinero del “peaje”, según establece el documento de la investigación, se entregaba en efectivo a Jonathan Rodríguez y Rafael Mercedes. Indica que la ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos de la Procuraduría, era la responsable de firmar las cubicaciones.

A estos tres se les conoció medida de coerción junto con Rodríguez, Alejandro Forteza Ibarra, Altagracia Guillén Calzada y Miguel José Moya. 

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