
La semana pasada el debate de redes sociales se centró entre las declaraciones del general Zorrilla Ozuna sobre que debe cancelar perremeístas para nombrar a la gente de su partido y el video del diputado Bray Vargas en donde, supuestamente pagaba por favores sexuales.
Comenzaré con el caso Zorrilla Ozuna y por qué siento que podía hablar con tanta libertad acerca de que las personas de su partido llevaban años esperando este decreto y que la práctica política dominicana es que en cada lugar se colocan a las personas de su partido.
La respuesta a esto reside en una práctica que está bien aceptada por la República Dominicana y que fue documentada en la Primera Encuesta de Cultura Democrática en la República Dominicana (ECD) un estudio realizado por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo entre abril y noviembre del 2022 y abril del 2023.
En ese estudio se dieron a conocer revelaciones muy graves, por ejemplo, que el 60% del 20% más rico de este país dice que si trabaja en la campaña hay que darle un empleo o espera un decreto.
Por eso el 67.3% cree que el país está gobernado por grupos poderosos para su beneficio.
“Si un familiar o amigo cercano gana un cargo político, ¿debería ayudarle a conseguir empleo en el gobierno o un contrato público?”, el 66.6 % estuvo de acuerdo.
En esa línea, el 80. 4 % favorece que se le otorgue un empleo o contrato público si trabajó en la campaña política del ganador de un cargo de elección popular. O sea casi la población completa apoya lo que hará Zorrilla Ozuna y luego nos preguntamos por qué andamos mal.
El 47.8 % de las personas encuestadas plantea que se sentiría obligada a votar en las próximas elecciones por un político que le dé una ayuda económica o le haga un favor importante a ellas o a un familiar.
Esto último revela la razón del clientelismo político en las elecciones de República Dominicana y luego nos preguntamos por qué andamos mal.
En el segundo caso del diputado Bray Vargas, un joven promesa de Santiago, pareciera que contrató los servicios de un homosexual en Estados Unidos (donde la prostitución es ilegal) y que luego se negó a pagar lo acordado lo que provocó que la persona subiera un video a las redes sociales.
Si bien es cierto que muchas personas decían en las redes sociales que no condenaban su orientación sexual, sino el hecho de hacer uso de servicios sexuales cuando eso está prohibido tanto en RD como en Estados Unidos, la verdad es que la sociedad dominicana tiene poca tolerancia por las personas homosexuales.
La misma encuesta ya citada que señala que el 52% de la población dominicana entiende que un gay no puede ocupar una posición pública, el 59% entiende que un haitiano no puede ocupar una posición política y el 80% rechaza que un ateo ocupe una posición pública.
Esto nos dice cómo piensa la sociedad dominicana y evidentemente nos falta mucho por crecer y madurar porque, aunque en el caso de los haitianos se entiende por razones históricas, ¿qué tiene de malo que un gay o un ateo ocupen una posición pública?
Al diputado lo salvará que es dominicano y que aquí no se le obliga a un servidor pública a renunciar por hechos de esa naturaleza como ocurre en otros países, incluso en Estados Unidos, pero su imagen obviamente quedará fuertemente afectada a partir de este hecho.