Estancados los avances en la atracción de mano de obra | Economía

Según cifras previas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Puerto Rico necesita aproximadamente 89,000 empleados de construcción.

“Hemos avanzado mucho desde enero de 2021 hasta ahora con un aumento de más del cuatro por ciento en la tasa de participación laboral (44.6%). Pero ese número sigue siendo bajo en comparación con lo que aspiramos. Para resolver esta problemática se necesita insertar a personas que actualmente no están ni trabajando ni buscando empleo, que son los que no están en la fuerza laboral”, dijo Maldonado en entrevista con EL VOCERO.

Ante este planteamiento, se le cuestionó si se está haciendo algo para insertar en el sector de la construcción a trabajadores informales que participan de la economía subterránea.

“Esa dinámica ocurre, la de personas con algún trabajo fuera del radar y la construcción se presta mucho para eso”, admitió el secretario.

Explicó que una de las razones principales es que muchas de estas personas reciben algún beneficio del gobierno, como participar del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), y para evitar perder dichos beneficios, no se insertan en la fuerza laboral formal.

Desde octubre pasado comenzó un proyecto piloto que busca adiestrar e integrar a la fuerza laboral a participantes elegibles del PAN. Se estima que hay alrededor de 226,000 personas que están aptas para trabajar y continuar recibiendo el dinero a su tarjeta de débito para comprar alimentos.

Según datos provistos por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), agencia a la que está adscrita este proyecto, actualmente son 457 participantes en Carolina (pueblo piloto) que se han logrado insertar en este programa.

Por otro lado, tanto el sector privado como las agencias de gobierno informaron en agosto pasado que estarían realizando esfuerzos para atraer mano de obra extranjera y de otras jurisdicciones de Estados Unidos, sin embargo, no ha habido avances significativos al respecto.

Uno de los retos, según el secretario del trabajo, ha sido las visas H-2B, que se emite una cantidad limitada de las mismas, por las cuales compiten todos los estados de los Estados Unidos.

“Estamos virtualmente compitiendo por las mismas 66,000 visas anuales y son poquitas para el nivel de competencia que hay, tomando en consideración que el problema que tenemos aquí en Puerto Rico lo tienen muchas otras jurisdicciones de los Estados Unidos, en términos de que les hace falta más gente para trabajar en el sector”, explicó Maldonado.

“En estos últimos años he intentado acudir tanto a nivel del Ejecutivo federal como a nivel del Congreso para ver si podemos de algún modo variar o hacer una nueva visa o incluir una modificación existente para que funcione como nosotros quisiéramos. Pero hasta el momento, ese tema ha resultado infructuoso”, reconoció el secretario.

Cabe resaltar, que el Departamento de Seguridad Nacional, a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., y el Departamento del Trabajo, publicaron una regla final temporal que pone a disposición 64,716 visas H-2B adicionales para trabajadores no agrícolas temporales para el año fiscal 2024, además del límite legal de 66,000 que están disponibles cada año fiscal.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Contratistas Generales (AGC-PR) José Ortiz, informó que han hecho gestiones a nivel del Congreso federal y con Homeland Security para tratar de que se viabilice una sección de la ley de inmigración que se conoce como Permiso Humanitario o de Beneficio Público Significativo.

Aunque no hay una cifra exacta de cuántos trabajadores informales hay en el sector, indicó que el estimado es de unas 100,000 personas bajo un estatus migratorio no definido.

A preguntas sobre si cree viable alcanzar la meta de los 89,000 trabajadores a corto plazo, sostuvo que, dado la trayectoria en los últimos años, lo ve posible.

“Durante los años 90, la fuerza laboral en el área de la construcción estuvo alrededor de los 90,000 a quizás 100,000 empleados. O sea, esto es algo que ya ha ocurrido anteriormente. Tan cercano como diciembre de 2016, antes del huracán María, andábamos con una fuerza en el área de la construcción de alrededor de 21,000 personas. O sea que del 2016 al 2023, un periodo de seis años aproximadamente, hemos subido 14,000 puestos de trabajo. Así que, si hemos subido en ese tiempo 14,000, yo creo que ahora con condiciones de paga muy superiores a las que había en ese momento, es algo que podemos lograr”, resaltó Ortiz.

Al cuestionarse sobre cuánto es el salario promedio de estos trabajadores hoy en día, el ejecutivo informó que, aunque varían dependiendo del trabajo, comienzan entre los $10 y $15 la hora.

Mientras que el salario promedio en los Estados Unidos es de aproximadamente $26.87 por hora, según cifras ofrecidas por la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), en una entrevista previa.

Según un contratista de la región de Arecibo que prefirió no ser identificado, actualmente los trabajadores informales en el sector de la construcción cobran entre $80 a $100 diarios, mientras que en el área metropolitana estos costos ascienden de $100 a $130, a veces por seis horas de trabajo.

“Los costos han subido. Hace unos años podían cobrar hasta $20 menos, pero muchos son extranjeros que conocen la gran necesidad que hay ahora mismo, por lo tanto, han aumentado sus precios”, explicó.

Según el informe más reciente del GAO, al 30 de junio de 2023, Puerto Rico apenas había utilizado unos $1,800 millones, equivalente a cerca del 8% de los fondos asignados para obras permanentes en general.

Esta tendencia preocupa al sector, tomando en consideración que el mismo reporte expone que la inflación y la escasez de mano de obra han incrementado los costos de los proyectos por encima de los importes previstos.

Por ejemplo, las piezas para el proyecto de la central eléctrica de San Juan se estimaron inicialmente en $9 millones, pero los funcionarios indicaron que su costo real es ahora de aproximadamente $12 millones.

Además, la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico proyecta superar el costo total estimado para todos sus proyectos dentro de la Estrategia de Adjudicación Acelerada.

Por otra parte, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados informó que uno de sus proyectos de tratamiento de agua aumentó su costo en un 42% respecto al estimado original. Finalmente, la Oficina de Recuperación de Puerto Rico señaló que los costos de algunos proyectos críticos bajo la Estrategia de Adjudicación Acelerada se han duplicado.

Respecto a los fondos Cdbg-Dr, que administra el Departamento de la Vivienda, el secretario William Rodríguez, no mostró preocupación.

“Vivienda Pública tiene dos renglones. Tiene los proyectos que son 406, que se puede atender el alcance de los trabajos y aumentar esta cantidad si hay algún aumento en el costo, y otros que son 428, que son los que no se podrían aumentar. Pero, aun así, Vivienda Pública cuenta con el presupuesto federal propio para poder superar cualquier discrepancia si hay aumentos en los costos y aumentarlo. No prevemos que haya ningún problema en torno a Vivienda Pública”, expuso.

“En caso de que necesitáramos una extensión, la cual no prevemos, se pudiera solicitar estrictamente bajo una regulación que se hace, como la regulación por la que se nos concedió la primera extensión que es hasta el 2029, mientras que los fondos de mitigación duran más tiempo porque son más complejo y esos son hasta 2032”, explicó Rodríguez.

Por otro lado, en el caso de los fondos FEMA, en una entrevista previa, se le cuestionó al director ejecutivo del COR3, Manuel Laboy, si se corre el riesgo de perder alguno de estos fondos, y explicó que FEMA, una vez los obliga, los organiza en grupos de Hojas de Trabajo de Proyecto (PW, en inglés) y se les otorga un tiempo límite según las proyecciones de reconstrucción. De no cumplirse con las proyecciones, se corre el riesgo de perder los fondos, a menos que el COR3 justifique el retraso y presente el progreso que ha tenido. Hasta el momento, la agencia ha intervenido siempre que se acerca una fecha límite.