La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que la Ley de Presupuesto General del Estado debe ajustarse a los mandatos normativos de determinadas instituciones públicas para fortalecer el Estado social y democrático de derecho.

“Es bien sabido que el Presupuesto General del Estado es el principal instrumento de planificación de la nación, lo cual conlleva grandes responsabilidades para quienes deben adoptar decisiones sobre programas y políticas públicas”, señaló en un comunicado Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de Finjus.

Dijo que es preocupante que en el actual proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado de 2021 las partidas consignadas para ciertos órganos e instituciones estatales registran montos inferiores a los que les corresponden de acuerdo a leyes especiales vigentes.

En términos concretos, el artículo 42 del actual proyecto autoriza al Poder Ejecutivo de manera excepcional a apropiar un monto inferior de lo establecido por ley a entidades como el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y la Cámara de Cuentas, por citar solo algunos de los casos más destacados.

“Se puede interpretar de esta propuesta consignada en el Presupuesto General que se pretende reeditar una práctica que ha sido expresamente señalada por la ciudadanía como contraria al compromiso de las autoridades con la superación de las ineficiencias e ineficacias en órganos claves del Estado que persisten desde hace décadas”, apuntó.

Manifestó que es un clamor social permanente que esas instituciones o entidades públicas gocen de sostenibilidad y autonomía para que cumplan con los mandatos que la Constitución y las leyes les ordenan.

“Cada año Finjus ha exhortado al Congreso Nacional a que la aprobación de la Ley de Presupuesto General del Estado se adecúe al fortalecimiento de la independencia presupuestaria de los entes públicos, evitando las prácticas que crean distorsiones de carácter político o económico, que a fin de cuentas afectarían la seguridad jurídica del país”, recordó.

Detalló que el actual proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado de 2021 pretende mantener las debilidades que han presentado estas instituciones, donde diversos indicadores de eficiencia dependen en gran medida de la asignación presupuestaria que fueron adoptadas legítimamente y luego de ser cuidadosamente ponderadas e incorporadas en el ordenamiento jurídico dominicano.

“Confiamos en que la discusión que se llevará a cabo en el Congreso Nacional, permitirá a los legisladores invitar al Poder Ejecutivo a corregir la asignación de un monto inferior al establecido por ley a los referidos órganos”, expresó.

Reiteró que el proyecto debe ser revisado y ajustado al principio de legalidad, evitando las distorsiones y viejas prácticas que han lesionado el desarrollo y autonomía de órganos claves del régimen democrático.

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