A partir del 3 de agosto de 2026, la República Dominicana dará un paso firme hacia la modernización de su sistema judicial con la entrada en vigencia del fresco Código Penal, promulgado por el presidente Luis Abinader. Esta reforma legal coincide con la implementación de una nueva cédula de identidad y electoral, más segura y difícil de falsificar, lo que refuerza la lucha contra el robo de identidad y otros delitos conexos.
El abogado César Amadeo Peralta ha analizado los alcances del fresco marco legal, destacando que ya se contemplan penas más severas para quienes falsifiquen documentos de identidad o faciliten la suplantación de personas. Entre las sanciones más relevantes se encuentran:
5 a 10 años de prisión mayor para quienes posean cédulas, licencias de conducir o pasaportes falsos.
5 a 10 años de prisión mayor para quienes proporcionen medios para el robo de identidad.
10 a 20 años de prisión mayor para empleados públicos con acceso a datos personales que participen en estos delitos.
Hasta 40 años de prisión en casos donde el robo de identidad se combine con otros delitos graves como lavado de activos o asociación de malhechores.
El Artículo 188 del fresco Código Penal define el robo de identidad como el uso de información ajena o falsa para cometer fraude o violar la ley, incluyendo datos como nombre, número de cédula, cuentas bancarias, correos electrónicos y más. Además, se establece la confiscación de bienes adquiridos mediante este delito y su devolución al legítimo propietario.
El Artículo 190 agrava las penas cuando el delito se comete contra funcionarios públicos, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Esta reforma representa un cambio profundo en la protección de la identidad ciudadana y en la prevención del crimen digital, alineándose con los desafíos contemporáneos de seguridad y justicia
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