El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández, expresó que este jueves se presentaron a la entidad que dirige unos inspectores de la Cámara de Cuentas, para realizar una auditoría, pero que no pudieron llevarla a cabo debido que estos no poseían la resolución que los autorizaba.

Surun Hernández indicó que el CARD siempre ha estado dispuestos a cooperar con todas las medidas de trasparencia, ya que desde el inicio del proceso de auditoría que el órgano fiscalizador ha deseado realizar al Colegio de Abogados han estado requiriendo tanto la asesoría como el acompañamiento.

“Nosotros le pedimos a ellos (inspectores de la Cámara de Cuentas), que nos suministraran la resolución en virtud de la cual ellos estaban allá (CARD), para tramitarlo a nuestra junta directiva, pero ellos nos informaron que no la tenían, por lo que le solicitamos que en cuenta la tuvieran nos la comunicaran y se retiraron”, afirmó el presidente del CARD en conversación con Diario Libre.

Señaló que fue de gran extrañeza que esos inspectores no tuvieran esa autorización debido a que hay un recurso pendiente de conflicto de competencia por ante el Tribunal Constitucional, que fue ordenado por la junta directiva.

“Nos extraña esa visita de hoy, pero hasta el momento es todo lo que ha sucedido”, destaca el abogado.

En días pasados la junta directiva nacional del Colegio de Abogados había informado que tenían total manejo transparente de sus recursos, los cuales han sido auditados anualmente por firmas reconocidas en el país como son Luperón Ramírez & Asociados y otras, y cuyas operaciones contables son publicadas mensualmente en su portal de la institución.

En esa ocasión el gremio de abogados destacó: “La Cámara de Cuentas no tiene facultad legal para auditar los recursos del Colegio de Abogados debido a que el artículo 248 de la Constitución, así como los artículos 1 y 3 de la Ley 10-07 que la crea, especifican claramente que dicha entidad solo puede ejercer control y auditoría a instituciones que manejan recursos públicos, que no es el caso del gremio, cuyos fondos provienen de tasas por concepto del servicio de fiscalización de abogados”.

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