Raúl Martínez y Orlando Espinosa, secretarios de Asuntos Jurídicos y Seguridad Ciudadana del partido Fuerza del Pueblo, expresaron este jueves que el Plan de Seguridad Ciudadana que el Gobierno anunció debe tener mayor alcance y ser más integrador.

Martínez, durante una rueda de prensa realizada en la casa nacional de la FP, leyó un documento donde analizó algunos puntos sobre las iniciativas del plan, y valoró que se haya contemplado un proyecto “que permita contener la actividad delictiva y proteger los derechos de los ciudadanos”.

Dijo que “el plan luce insuficiente, estrecho de miras y poco innovador”, y que se obvian aspectos importantes como la cristalización de una verdadera reforma policial.

Asimismo, deploró que no se haya incorporado a los gobiernos locales en aspectos cruciales para preservar la seguridad ciudadana, al igual que la instalación de un sistema accesible y confiable que mejore la calidad de la información estadística disponible sobre la actividad delictiva, o la lucha contra el crimen organizado.

De igual forma, indicaron que la inversión que se realizará en materia de investigación criminal debe servir para fortalecer el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que es el órgano independiente responsable de apoyar a los cuerpos de seguridad de esa tarea.

Raúl Martínez indicó que las víctimas de violencia intrafamiliar o basada en el género deben tener un respaldo más efectivo del Gobierno.

“Sugerimos desarrollar un programa de inserción laboral y capacitación técnica para víctimas, articular un sistema de detección temprana de agresiones que vincule a las instituciones prestadoras de servicios de salud, organizar un sistema de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las órdenes de protección y poner en marcha un programa de asistencia social para las familias diezmadas por este tipo de violencias, entre otras medidas no menos importantes”, dijo.

Mientras, el secretario de Asuntos Jurídicos recomendó que en cuanto a la iniciativa para retirar armas de fuego, las que no cuenten con permisos de tenencia no pueden ser destruidas sin antes pasar por un proceso de depuración para comprobar si no han sido usadas en hechos delictivos sin resolver.

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