Joverlein Moïse, hijo del fenecido presidente de Haití Jovenel Moïse, informó a través de su cuenta de Twitter que ha enviado una cronología de los hechos al relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de jueces y abogados.

“Esperamos que las Naciones Unidas, así como varias instituciones estatales de otros países, se comprometan a contribuir a la investigación”, manifestó Moïse. La carta fue enviada por el bufete de abogados Larochelle el pasado 19 de noviembre con atención al relator especial sobre la independencia de jueces y abogados, Diego García Sayán.

Los abogados destacan al relator especial que entienden que la capacidad de investigar con toda serenidad sobre el asesinato del difunto presidente Jovenel Moise y el intento de asesinato de la primera dama, así como la capacidad de juzgar, con total independencia e imparcialidad, los perpetradores de estos crímenes, “es la clave para el estado de derecho y el funcionamiento saludable del sistema Tribunal Judicial de Haití”.

Piden a García Sayán tomar en cuenta la posibilidad de preparar un informe sobre los ataques contra la independencia de jueces, abogados y fiscales en Haití y en este caso, brindar recomendaciones concretas a las autoridades haitianas.

También le solicitan que se ponga en contacto con las autoridades haitianas “con carácter de urgencia” para alertarlos sobre el hecho de que estos repetidos ataques e intimidaciones impiden las instancias operar normalmente en Haití, y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los actores del poder judicial, jueces, abogados o secretarios.

De acuerdo a la misiva, tras el asesinado del presidente Haití la madrugada del 7 de julio del presente año, se abrió una investigación el 9 de agosto con el juez instructor Mathieu Chanlatte contra los nombrados Christian, Emmanuel Sanon, James Solages, Joseph Vincent, Gilbert Dragon, quien fueron acusado por “graves presunciones de asesinato, intento de asesinato, acto de terrorismo, de conspiración contra la seguridad interna del Estado, robo nocturno a mano armada y asociación de crimines en perjuicio del presidente Jovenel y su esposa Etienne Martine”.

Los abogados bajo el mandato de Joverlein precisan que dos días después de la apertura de la investigación, el señor Ernst Lafortune, secretario adjunto al bufete de juez instructor, “falleció en circunstancias preocupantes”.

Al día siguiente del hecho la Asociación Nacional de Secretarios Haitianos (ANAGH) preguntó al comisario de Gobierno en el Tribunal de Primera Instancia Institución de Port-au-Prince, Bedford Claude, para realizar una investigación, con miras a “determinar los autores del asesinato del secretario Ernst Lafortune y remitirlos a la corte justicia”.

“Unos días antes de la muerte sospechosa Ernst Lafortune, los empleados que investigaban, dijeron que la muerte de Jovenel Moise se había ocultado después de ser amenazado de muerte si no cambiaron ciertos nombres o declaraciones en sus informes. En el que, como resultado, algunos se negaron a trabajar en el archivo considerando el peligro de que Pentoure”, detalle la carta enviada a la ONU.

Para finales de julio la Asociación Nacional de Secretario Haitianos había redactado una nota donde supuestamente señala que dos de sus miembros, Marcelin Valentin y Waky Philostene, registradores de la Pétion-Ciudad, asistieron donde los jueces en el esclarecimiento de los hechos, los distintos allanamientos y la audiencia de presuntos sicarios en relación con el asesinato del presidente Jovenel Moise, los mismos “habían sido objeto de graves amenazas de muerte en el desempeño de sus funciones”.

Asimismo, relata que tras la muerte de Lafortune, el 13 de agosto, el juez de instrucción encargado de la investigación, Mathieu Chanlatte, se retiró del expediente por motivos de “conveniencia personal”. Indica que diez días después, el 23 de agosto, un nuevo juez de instrucción, Garry Orélien, fue designado por el Dean Bernard Saint-Vil para instruir el archivo.

Para el 21 de agosto el juez de paz Clément Noél dijo que había sido acosado por individuos no identificado a su casa debido a su participación en el caso como un magistrado que realizó el reconocimiento judicial del cuerpo del Presidente de la República. El juez Clément Noel se vio obligado a abandonar su residencia con su hija y su esposa durante temas de seguridad. “Hasta el día de hoy, parece que todavía se ve obligado a cambiar hogares de manicura constante”.

Los abogados mencionaron que la esposa del presidente fenecido presentó una demanda el 06 de octubre y más adelante, el 20 de octubre, Joverlein Moïse también presentó una querella. Indica que, al día siguiente de esta denuncia, el sospechoso número uno del caso, el señor Mario Antonio Palacios Palacios fue detenido en Jamaica.

Señala que el mismo día que detuvieron a Palacios, atacaron al juez de instrucción Garry Orélien en Delmas 95, Port-au Prince y que seis días después la oficina del juez de instrucción, así como el registro principal del Tribunal de Primera Instancia.

La misiva también indica que unas horas después del hallazgo del robo en el Palacio de Justicia de Puerto Príncipe, el coche del juez Garry Orélien fue objeto de un segundo ataque armado contra Delmas 33 o una de las ventanas de este vehículo.

Ante las diversas situaciones mencionadas, los defensores de la familia Moise, expresaron a la ONU su “profunda preocupación” por las diversas formas de supuestos ataques e intimidación a los que el poder judicial “parece que se enfrentan en Haití por el ejercicio legítimo de su profesión”.

“La multiplicación de estos incidentes y, además, en un período relativamente corto, es igual de perturbador. Constituyen verdaderos actos de intimidación contra el personal judicial, secretarios y magistrados, trabajando en la búsqueda de la verdad sobre el asesinato del presidente Jovenel Moise”, señala la misiva.

Dice que la situación preocupa, debido a la creciente inseguridad que rodea a este problema y que podría disuadir ciertos testigos para demostrar. Agrega que obviamente obstaculizaría la administración de justicia, impidiendo que los magistrados hagan su trabajo.

“Además, la parte civil no fue informada del estado del caso, en particular del estado de preservación de la evidencia material o pistas necesarias para la manifestación de la verdad desde el robo de la oficina del juez Garry Orélien”, agrega el documento.

Concluye que estarán a la disposición para cualquier información adicional y pide ayuda de seguridad ante la situación.

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