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La integración cada cuatro años de la Junta Central Electoral (JCE) acapara el interés político y social en el país, debido a que es un organismo que amén de administrar las elecciones y de proteger la identidad nacional, maneja recursos millonarios y posee dependencias a nivel nacional.

El proceso de selección recae en el Senado de la República que designó una comisión especial y hasta el mediodía de este martes había recibido 79 expedientes de aspirantes a formar parte de la institución.

Todo un escarceo ha desatado la conformación de la JCE, cuyo poderío la coloca como la encargada de administrar los comicios para que los dominicanos escojan a través del voto sus autoridades presidenciales, congresuales y municipales. Tiene también la responsabilidad de dirigir las primarias de las organizaciones políticas.

Además de los asuntos electorales maneja el registro civil donde están todos los eventos de los dominicanos desde el nacimiento, identificación y matrimonio hasta los divorcios y las defunciones, entre otros.

De igual modo, tiene bajo su dominio la oficina central del Estado Civil; las 158 juntas electorales; 165 oficialías y 65 delegaciones de oficialías civiles en igual número de hospitales públicos.

Cuenta con 176 centros de cedulación fijos en todo el país; ocho centros de servicios y legalizaciones distribuidos por diferentes provincias; 17 oficinas en el exterior; un centro de declaraciones tardías de nacimiento; un centro de escaneo, digitalización e indexación de documentos; una oficina de delegación de defunciones y dos oficinas de cédula vieja. Tiene tres centros móviles de cedulación y 10 unidades móviles.

En cuanto a recursos económicos, la JCE en el primer trimestre de este año 2020 manejó RD$10,884.8 millones, según consta en las asignaciones del presupuesto del Estado. En el 2019, sin incluir el costo de las primarias, la JCE recibió fondos del Estado ascendentes a RD$8,185 millones.

El vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, asegura que la Constitución y normas electorales no tienen entre sus requisitos que deben ser independientes de los partidos, los llamados a formar parte de la JCE y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

“Legitimidad, confianza, eficiencia, honestidad y credibilidad en los órganos electorales para garantizar procesos electorales exitosos se logra con el consenso de los actores políticos, lo contrario sería el caos, la inestabilidad y el fracaso”, plantea.

A su juicio, está demostrado que lo más saludable para la selección de los miembros de la JCE y los jueces del TSE es la búsqueda de consenso entre los actores políticos y cumplir con lo que manda nuestra Constitución y las normas electorales.

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