Con el objetivo de lograr una mayor coordinación y colaboración para reducir de forma significativa el subregistro de nacimientos y defunciones, la Junta Central Electoral (JCE) y el Ministerio de Salud Pública firmaron este lunes un acuerdo interinstitucional.

Con el convenio, que fue rubricado por los titulares de ambas instituciones, Román Jáquez y Daniel Rivera, respectivamente, la Junta permitiría, mediante formato electrónico, que Salud Pública tenga acceso permanente a la consulta de la información de los nacimientos registrados que incluirían: nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, lugar de ocurrencia del nacimiento y datos de la madre.

Además, la JCE permitiría al Ministerio de Salud consultar los datos en los libros de registros de nacimiento tardío u oportuno; y en los libros de registros de nacimientos de hijos de extranjeros no residentes.

Salud Pública podrá tener acceso permanente y consultar las defunciones registradas con el nombre, apellido, numero de cédula o pasaporte, fecha de defunción, edad, sexo, nacionalidad, lugar del fallecimiento y causa de la muerte. Podrá consultar los libros de registros de defunciones tardíos u oportunos.

Según el acuerdo, en unos de sus considerandos: “Resulta necesaria la existencia de una mayor coordinación y colaboración entre los organismos de la administración del Estado, para lograr la integración de una base de datos única, robusta y confiable, en aras de lograr la reducción significativa del subregistro de los datos de nacimiento y defunciones”.

Al referirse al acuerdo, el presidente de la JCE, Román Jáquez, explicó que luego de un proceso de diagnóstico, que incluyó un análisis y evaluación integral de la Ley 659, que data de 1944, el organismo electoral y Salud Pública lograron unificar criterios para presentar una adenda a una propuesta de modificación de esa ley que busca, entre otras cosas, incrementar el plazo para que los ciudadanos puedan registrar las defunciones de tres días a 90 días. La iniciativa fue sometida al Congreso Nacional.

Sobre el plazo establecido en la actualidad por ley de tan solo tres días, Jáquez dijo que “es un plazo fatal en la doble excepción de la palabra (…) es extremadamente inhumano y breve en medio del dolor en tres días pensar en registrar la persona querida que ha fallecido”.

Además, la adenda, en el artículo 66, establece que el Ministerio de Salud Pública dará acceso y transmitirá a la JCE por medios electrónicos, preferiblemente, las informaciones relativas a los certificados de defunciones de cada uno de los fallecimientos que hayan tenido lugar en los centros de salud públicos y privados en el plazo de 24 horas.

Al mismo artículo, se plantea incluir el párrafo I que establece que el Ministerio tendrá un plazo de 30 días, contados a partir de la notificación del certificado de defunción a la JCE, para remitir a este órgano los certificados de defunción con las causas de muertes definitivas, sujetas a Vigilancia Epidemiológica.

Se refiere a las muertes maternas, infantiles, dengue y COVID-19, que requieran rectificación y ratificación, según resultado de la autopsia y auditorías realizadas en clínicas.

Añade que “vencido este plazo sin que el Ministerio de Salud Pública rectifique la causa de la muerte, la Junta Central Electoral registrará de manera definitiva la defunción con la causa de la muerte original”.

La firma del acuerdo y de la remisión de la adenda se produce luego de que el pasado mes de septiembre se produjera un “enfrentamiento estadístico entre la JCE y Salud Pública con respecto a las defunciones por el COVID-19.

Mientras las muertes reportadas antes el 9 de septiembre por la JCE ascendían a 8,656, las reportadas para el mismo periodo por Salud Pública era de 4,014 fallecidos por COVID-19.

Sobre el acuerdo suscrito, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, destacó que el mismo constituirá una ayuda para esa cartera, porque permitirá mayor conectividad, transparencia y una rápida intervención para la validación de cada una de las actas que se registren.

Destacó que para dar diagnósticos definitivos se necesita tiempo para realizar las pruebas de laboratorio pertinentes.

A través del acuerdo interinstitucional, el Ministerio de Salud se compromete a no modificar, de manera parcial o total, los datos electrónicos obtenidos para fines de consulta y en el caso de violentar esa medida eso sería una causa suficiente para terminar de forma inmediata el convenio.

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