El abogado Renato Stabile, miembro de la defensa en el juicio contra Juan Orlando Hernández, planteó una interrogante inesperada al testigo Miguel Reynoso, un exagente de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
Stabile cuestionó a Reynoso sobre si había contemplado la posibilidad de que las iniciales “JOH”, comúnmente asociadas con Juan Orlando Hernández, pudieran en realidad referirse a “Jorge Óscar Hidalgo”.
Este interrogante emergió en el contexto de una discusión sobre las “narcolibretas”, donde también se había mencionado el nombre de Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, hermano del expresidente.
El testigo, en respuesta, señaló como evidencia de que efectivamente se referían al expresidente hondureño: “El nombre de Tony Hernández también estaba ahí”.
El caso de Juan Orlando Hernández
El caso de Juan Orlando Hernández La acusación formal alega que desde al menos alrededor de 2004, hasta alrededor de 2022, inclusive, Hernández, que fue presidente de Honduras durante dos mandatos, participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos.
A criterio de la Fiscalía, Hernández Alvarado, supuestamente recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares.
El 27 de enero de 2022, Hernández fue imputado en la acusación sustitutiva y se emitió una orden de arresto en su contra. El 15 de febrero de 2022, Hernández fue arrestado y detenido por las autoridades hondureñas a petición de los Estados Unidos.
Posteriormente, los Estados Unidos presentaron una solicitud formal de extradición, que fue concedida por el juez de primera instancia de Honduras. Hernández apeló la decisión de extradición ante el Tribunal Supremo de Justicia de Honduras.
El 28 de marzo, la Corte Supremo de Honduras rechazó su apelación. El 6 de abril, el Tribunal Ad Hoc de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Honduras determinó que la apelación final de Hernández era inadmisible.
El 13 de abril, el gobierno de Honduras certificó la finalización de los procedimientos de extradición de conformidad con las órdenes judiciales anteriores, lo que resultó en la entrega de Hernández a los Estados Unidos el 21 de abril.
Los fiscales federales adjuntos Jacob H. Gutwillig, Michael D. Lockard, Jason A. Richman y Elinor L. Tarlow del Distrito Sur de Nueva York procesaron el caso.
