Los acusados por la presunta venta irregular de los terrenos del barrio Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, fueron favorecidos la tarde de este lunes con un “no ha lugar” por el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, quien rechazó el pedido del Ministerio Público de enviar a juicio a los imputados.

El juez del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tomó la decisión, tras considerar que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no presentó las pruebas suficientes para probar los hechos en un juicio de fondo. 

De inmediato, los representantes del Ministerio Público informaron que recurrían la sentencia que calificaron como “decepcionante” y “divorciada del derecho”, “que no se corresponde ni con la acusación ni con las pruebas”.

La acusación 

El Ministerio Público aseguró que los imputados del caso Los Tres Brazos desfalcaron al Estado con la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terreno, un fraude con el que tenían la expectativa de ganar unos cinco mil millones de pesos.

La acusación establecía que Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), vendió ilegalmente el terreno en que se encuentra localizado el barrio Los Tres Brazos.

Además del exdirector de Corde, en el expediente figuraban como imputados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.

También Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., y los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.

Además, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.

El Ministerio Público también acusaba a la empresa Teknowlogic Dominicana S.R.L.

Los fiscales que representan al Ministerio Público acusan al grupo de desfalcar y estafar al Estado dominicano.

La acusación señala que los citados funcionarios se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado dominicano, vendiendo a precios pírricos todo un sector habitado a un grupo de empresarios agrupados en la compañía Infepa.

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