La jueza de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Vanessa Acosta Peralta, informó este domingo que una de las medidas que tomó el Poder Judicial para facilitar el acceso de las mujeres a la Justicia fue la puesta en marcha de herramientas tecnológicas para mantener los servicios de atención permanente con accesibilidad de las partes de manera remota.

Durante su intervención en el XVIII Encuentro de Magistradas de los Más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica, la magistrada sostuvo que esta institución cuenta con la guía de buenas prácticas para el manejo de casos de violencia doméstica e intrafamiliar y de género para jueces, juezas y servidores judiciales, que obliga a redefinir el enfoque de esa problemática para hacer efectiva la respuesta de los entes estatales que intervienen en el proceso.

En su disertación, titulada “Las tecnologías y el acceso de las mujeres a la justicia”, dijo que el Poder Judicial tiene el Protocolo de Actuación para Entrevistas Forenses a Víctimas y Testigos en Condición de Vulnerabilidad, el cual ha sido elaborado para facilitar el marco operacional para la obtención de las declaraciones de personas en condición de vulnerabilidad, víctimas o testigos de un proceso judicial.

“Esta práctica se realiza a través de una entrevista única que se convierte en elemento probatorio, levantada bajo el marco del respeto de los derechos humanos de cada interviniente”, indicó, conforme a una nota de prensa.

Agregó que esas entrevistas se hacen mediante cámara de Gesell, circuito cerrado de televisión u otro medio tecnológico, tanto de forma virtual como presencial.

“El compromiso del Poder Judicial de República Dominicana de garantizar la tutela judicial efectiva y potenciar el acceso a la justicia, es el eslabón principal de nuestra labor, estando en el compromiso ciento por ciento de hacer la justicia accesible a todos y todas.” expresó la magistrada Acosta.

Además, aseguró que el objetivo del Poder Judicial es garantizar la protección de los derechos fundamentales y minimizar los riesgos de expansión del Covid-19 en el país, planteando el proceso en 3 fases: inicial, intermedia y avanzada.

La magistrada explicó que la fase inicial del Plan de Continuidad de Labores que se desarrolló a partir de junio permitió la celebración de audiencias donde cada parte se conectó a conferencias mediante un dispositivo electrónico, fijo o móvil, de forma remota.

Para el caso de las personas detenidas, la magistrada Acosta Peralta detalló que se han utilizado dispositivos en los destacamentos policiales y centros de reclusión, contando con el apoyo del Ministerio Público y de la Oficina Nacional de la Defensa Pública.

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