“Es preocupante que existan congresistas electos que estuvieron involucrados en tema de narcotráfico y hay involucrados que cumplieron condenas legalmente”.

La frase la expresó en junio de 2016 el entonces procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito. No dijo a quiénes se refería y se limitó a indicar que eran conocidos, pero que no tenían los elementos contundentes para someterlos a la Justicia.

Desde entonces, en el país varios candidatos a cargos públicos electivos se vieron involucrados en investigaciones sobre narcotráfico, un delito que ha contaminado el quehacer político en República Dominicana, a base del sustento económico que suponen para las organizaciones, a decir de algunos analistas.

Politólogos entienden que, si bien los narcotraficantes no llegan a controlar los partidos políticos, algunos entran a esas organizaciones para proteger sus intereses, sea aportando recursos a un candidato o postulándose ellos mismos. La falta de principios y de compromiso social y la búsqueda desmedida por el poder, convierten a las organizaciones políticas en corporaciones que privilegian al que más aporta, frente al liderazgo, dicen.

El miércoles, el Ministerio Público dijo que investigaba al diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Héctor Féliz Féliz, vinculado al destapado caso de narcotráfico denominado Operación Falcón.

Pero ya en mayo de este año resaltó el caso de otro diputado perremeísta, el empresario Miguel Gutiérrez Díaz, arrestado cuando llegaba a Miami, EE.UU. bajo acusación de narcotráfico por parte de las autoridades estadounidense.

Las autoridades nacionales también anunciaron en junio de 2020 el apresamiento de José Miguel López Pilarte, regidor de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que acusaron de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Bajo la misma acusación, la Procuraduría General de la República imputó a la madre de éste, la diputada por la misma organización política, Rosa Amalia Pilarte López, para quien solicitó la designación de un juez especial, dada su condición de legisladora. El empresario y esposo de la diputada, Miguel Arturo López Florencio, es señalado como el cabecilla de la supuesta red de lavado.

También en el mes de junio del año pasado se conoció la solicitud de extradición de Yamil Abreu Navarro, exdirector de la Junta Municipal de Las Lagunas, en Azua, durante el periodo 2016-2020, acusado en Estados Unidos de ser parte de una red internacional de narcotráfico, vinculada al cartel mexicano de Sinaloa.

En julio de 2019, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) anunció el apresamiento de Domingo Javier, alias Mingo, al que le habrían ocupado 91 kilos de cocaína. Mingo aspiraba a ser candidato a alcalde en Villa Rivas por el PRM, aunque el partido aclaró, luego, que no había inscrito la candidatura.

Al regidor de Jimaní por el PRM, Pascual Aristy Novas, la Policía Nacional lo apresó en enero de 2018, supuestamente cuando transportaba 12 paquetes de un vegetal verde que se presumió marihuana.

En febrero de ese mismo año, la dirigencia del PRM suspendió a uno de sus miembros y actual senador por la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, al que el Ministerio Público le imputó ser parte de una red internacional de narcotráfico que denominó el Cartel del Malecón. En 2016, Victoria Yeb se postuló como candidato a senador por María Trinidad Sánchez, y aunque no lo consiguió entonces, volvió a postularse en 2020, resultando electo.

“El narco penetra en la política igual que penetra en la economía. Por eso no debe sorprender su incidencia en los partidos políticos para comprar protección”, plantea la politóloga Rosario Espinal, quien ve en la donación de dinero el principal factor que facilita esa penetración.

Aunque entiende que se trata de una tendencia creciente que inició desde hace tiempo, la politóloga considera que no todos los políticos del país caen en ese ilícito, sino que personas entran a funciones públicas para proteger sus intereses ligados al narco.

El también politólogo Henry Blanco comparte el planteamiento al señalar que sin bien esas personas tienen muchas incidencias en los partidos, no los controlan, y que eso se evidencia en que a los presidentes nadie los vincula a ellos.

“En un momento político, los empresarios entregaban dinero a los partidos, luego decidieron ellos aspirar en los partidos y obtener las candidaturas en base al dinero: el narcotráfico fue lo mismo, primero les daban a los partidos para que los protegieran, se sintieron traicionados y decidieron ellos mismos representarse”, indica.

De cómo lograron entrar a esas organizaciones como candidatos, Blanco reflexiona en el hecho de que los partidos abandonaron la tarea de liquidar las grandes desigualdades sociales existentes. “Abandonaron los principios, las ideas, para dedicarse a la búsqueda del poder político, sin importar el ciudadano que debían tener en sus filas. Y reciben recursos sin importar su origen y, desde ese mismo momento los partidos dejaron de ser democráticos para entregar las posiciones electivas al que más dinero tenía”.

El politólogo entiende que, si para el proceso eleccionario del 2024 no hay una revisión crítica y seria en los partidos, la población seguirá desencantada y sin ninguna alternativa de selección.

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