Delegaciones de Centroamérica y República Dominicana, reunidas en el marco del encuentro regional de la plataforma Centroamérica Vulnerable, reclamaron este martes acciones urgentes para frenar el aumento de la temperatura y enfrentar la crisis climática que amenaza la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la salud de millones de personas en la región.
Los participantes advirtieron que, con un incremento regional cercano a 1,5 °C, se intensifican sequías, inundaciones, tormentas, olas de calor y pérdidas de cosechas, lo que multiplica vulnerabilidades y pone en riesgo derechos humanos y avances en desarrollo sostenible.
Las organizaciones exigieron a los Estados detener la expansión de la minería a cielo abierto, los monocultivos, la agroindustria intensiva y el uso indiscriminado de agrotóxicos, prácticas que –según denunciaron– deterioran los ecosistemas y afectan de manera desproporcionada a mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad.
En cambio, pidieron redireccionar la inversión pública hacia soluciones locales como la cosecha y almacenamiento de agua, prácticas agroecológicas, restauración de ecosistemas, protección de suelos, fortalecimiento de la pesca artesanal y sistemas comunitarios de gestión de riesgos.
Delegación dominicana
La representación de República Dominicana estuvo encabezada por Darío Solano, coordinador de la RedAfros, quien subrayó que el derecho humano al agua y saneamiento debe garantizar cobertura universal, con prioridad para el consumo humano y el equilibrio ecosistémico.
“Esto implica tratamiento de aguas residuales, monitoreo público de calidad, protección de nacimientos y recarga hídrica, regulación de extracciones y vertidos, y el fortalecimiento de los sistemas comunitarios de agua”, puntualizó.
Las delegaciones instaron a los gobiernos a cumplir la reciente resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que refuerza las obligaciones jurídicas de los Estados frente a la crisis climática.
En ese sentido, llamaron a aprobar y aplicar leyes de cambio climático, soberanía alimentaria y protección ambiental, con un enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad.
Asimismo, demandaron respeto a la consulta libre, previa e informada para Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes, reconociendo a sus autoridades como actores legítimos en la toma de decisiones.
En su declaración final, los representantes afirmaron que la justicia climática comienza en los pueblos y los territorios y rechazaron “promesas vacías” y negociaciones internacionales que no transforman la realidad de las comunidades.
“Nuestros saberes ancestrales, nuestras semillas nativas, nuestras prácticas agroecológicas, nuestras luchas feministas y ecofeministas, nuestras juventudes organizadas y nuestras comunidades costeras y rurales son parte de la solución global a la crisis climática”, concluye el documento.
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