El director de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aclaró que se trató de una incautación, y no de un allanamiento, la intervención realizada por el organismo este viernes en la oficina de abogados del exprocurador Jean Alain Rodríguez.  

Tras ser abordado por la prensa, Camacho informó que, al exfuncionario judicial, quien guarda prisión preventiva bajo la acusación de corrupción, se le incautaron tres propiedades localizadas en la torre Solazar Business Center, piso 18, en la avenida Gustavo Mejía Ricart 54, del Distrito Nacional, donde justamente opera el Consejo de Defensa de Rodríguez.

“Lo que sucedió hoy fue un proceso de incautación, se incautaron tres bienes en el Distrito Nacional todos con autorización judicial… hoy se incautaron dos oficinas y un bien inmueble, se incautaron, no se allanaron, eso significa que esos bienes irán a un proceso para que un juez decida sobre el decomiso”, expresó Camacho quien afirmó que fueron adquiridos con los fondos públicos.

El magistrado Camacho destacó que alrededor del exprocurador hay “un esquema de corrupción y enriquecimiento ilícito”. Refirió también que la semana pasada le fueron incautadas otras cuatro propiedades en La Romana, entre ellas una villa y un solar.

El plazo para que el Ministerio Público presente su investigación final del caso Medusa, cuyo principal acusado es el exprocurador, finalizó el pasado 8 de junio. La defensa del exprocurador intimó al organismo a presentar la acusación formal en 15 días o al cese de los cargos en contra de su defendido.

El martes de esta semana la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó una solicitud de puesta en libertad interpuesta por Jean Alain.

Los jueces Isis Muñiz Almonte, Luis Omar Jiménez Rosa y Rosalba Gariz, tomaron la decisión atendiendo a que el Ministerio Público depositó al tribunal la evidencia de las actuaciones de miembros del Consejo de Defensa del imputado enfocadas en intimidar y amedrentar a testigos.

Bienes incautados

La Romana. Una villa turística en Bahía Chavón, con una extensión de 2,192.45 metros cuadrados, y un solar de 3,366 metros cuadrados en Vista Lagos, además de un depósito y un puesto de amarre en La Marina de Casa de Campo. 

Distrito Nacional. Un piso de oficinas en la Torre Solazar, con un área de 652 metros cuadrados y varios parqueos. El inmueble fue adquirido por la sociedad comercial Jurinvest Abogados, propiedad de Rodríguez Sánchez, el 12 de octubre de 2020 a un costo de US$800,000. 

Un local de 175.31 metros cuadrados, en el Edificio Galerías Residenciales, del Ensanche Julieta Morales, y un apartamento de 235 metros cuadrados, ubicado en el Condominio Torre Gabriela XIX.

En tanto que el organismo persecutor dijo este viernes que está aprovechando hasta el último segundo para la toma de acciones necesarias para recuperar cada peso sustraído al Estado dominicano. 

“Hemos identificado un esquema de corrupción sin precedentes en República Dominicana, algo simplemente escandaloso, dinero sustraído del erario dominicano que ha sido utilizado para adquirir bienes y el Ministerio Publico está utilizando cada segundo disponible para recuperarlos”, expresó Camacho.

“Dedicaremos el tiempo que tenemos disponible para que cada peso que haya sido sustraído del erario sea recuperado por el Ministerio Público”, reiteró Camacho.

El expediente del Caso Medusa establece que el exprocurador Rodríguez y los demás imputados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República en el período 2016-2020 y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.

Rodríguez Sánchez, Forteza Ibarra y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y el ex subdirector Alfredo Alexander Solano Augusto cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.

El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.

Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.

El órgano persecutor de la corrupción administrativa les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.

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