La Procuraduría General de la República Dominicana, el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Protección Ambiental realizaron un desalojo en un tramo que da acceso a la Playa Encuentro, en Cabarete, para dar libre acceso a la misma.

“En una acción combinada entre la Procuraduría, Medio Ambiente y el SENPA y la parte gananciosa del TSA del 2021, Playa Encuentro, en Cabarete es de libre acceso para todos. La ley se aplica para todos”, escribió el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, en su cuenta de Twitter.

La fuerza pública hizo ejecutar la sentencia civil No. 271-2018-SSEN-0058 del año 2018, emitida por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, para acceder y retirar cualquier obstáculo físico que impida el libre acceso a la citada playa.

La sentencia favoreció de Ricardo Ripoll, Phillip Lehman, Ángel Compres y Carlos Sansoucy, en contra de Inversiones Calpe SRL y Mesa Investment Limited C por A.

Sin embargo, los representantes de Inversiones Calpe SRL y Mesa Investment Limited dicen tener sentencias gananciosas a su favor.

“Esta es la arbitrariedad más grande que se puede cometer contra el sistema jurídico. El residencial Vista del Caribe fue militarizado, con más de 150 efectivos, con la única intención de llevarse de paso más de siete sentencias, incluyendo una de la Suprema Corte de Justicia y tres del Tribunal Constitucional”, dijo Luis Peláez, uno de los abogados de la empresa Inversiones Calpe SRL.

Peláez dijo que el presidente Luis Abinader se había reunido con los propietarios del inmueble hace un año y que éste les había garantizado la seguridad jurídica a los inversionistas.

“Estamos hablando de un camino ilegal fue cerrado por sentencia de la jurisdicción inmobiliaria y cuya sentencia fue confirmada tanto por la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Constitucional”, agregó.

Peláez dijo que acudirá nuevamente a los tribunales y que llevarán la denuncia ante la Cámara de Comercio Norteamericana porque se trata de una inversión extranjera.

“La sentencia ordenó cerrar el camino y tenemos el deslinde aprobado desde el 2019. Ahora una decisión del Ministerio Público pretende violentar todo eso”, agregó.

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