Un ambiente de negocios que motive a los agentes económicos nacionales e internacionales a invertir, a hacer negocios, a crear empresas y oportunidades de empleos, es fundamental para cualquier país, y República Dominicana no es la excepción.
Por vía de consecuencia, sin importar que organismos internacionales, grupos de pensamiento o de cabildeo o gobiernos de países de gran influencia critiquen o elogien el clima de negocios de República Dominicana, es necesario que el gobierno lo cuide y fortalezca.
El más reciente informe del Gobierno de Estados Unidos sobre el Clima de Inversión en la República Dominicana 2025 dibuja un panorama económico que es, a la vez, alentador y negativo.
Por un lado, se valida el esfuerzo de la administración del presidente Luis Abinader, reconociendo que el país “impulsa un clima de inversión confiable” y que los avances en el combate a la corrupción son palpables. De hecho, el capital estadounidense sigue fluyendo, consolidándose como la principal fuente de Inversión Extranjera Directa (IED) y motor de miles de empleos.
Sin embargo, el mismo documento sirve como un recordatorio de que la batalla contra la corrupción y la ineficiencia estructural está lejos de terminar. La principal preocupación de las empresas estadounidenses —la base de esta IED— sigue siendo la corrupción y la falta de transparencia en la administración pública.
La confianza de los inversores se gana con resultados macroeconómicos, pero se mantiene con la certidumbre legal y la transparencia blindada con la firmeza de la ley y una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.
El informe disecciona los puntos que considera débiles. Indica que en República Dominicana no solo se efectúan sobornos directos, sino que el país arrastra fallas sistémicas.
Subraya las quejas sobre la “falta de competencias técnicas en ministerios” y, peor aún, las licitaciones “diseñadas intencionalmente para favorecer a empresas políticamente conectadas” ponen en tela de juicio la equidad del juego. Si las reglas de competencia no son claras y justas desde el diseño, se socava la confianza de cualquier inversor serio.
Además, la corrupción en el ámbito municipal, especialmente en el proceso de permisos, es un cuello de botella para la inversión. Este nivel de gobierno, el más cercano al ciudadano y al pequeño inversor, se convierte a menudo en un laberinto burocrático, obstaculizando proyectos y sembrando la semilla de la informalidad.
Reconoce que República Dominicana ha dado pasos firmes para sanear su macroeconomía y su imagen internacional, pero la calidad de las instituciones sigue siendo la asignatura pendiente. Los avances en la persecución son necesarios, pero no suficientes.
El mensaje del informe proveniente de Estados Unidos se resume en lo siguiente:
República Dominica tiene la capacidad y la voluntad para atraer capital, pero la persistencia de estas prácticas negativas actúa como un impuesto invisible sobre la inversión extranjera (y nosotros decimos que también sobre la inversión dominicana). Así se limita el pleno potencial de crecimiento dominicano.
La confianza de los inversores se gana con resultados macroeconómicos, pero se mantiene con la certidumbre legal y la transparencia blindada con la firmeza de la ley y una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.
About the Author
