El Ministerio Público pidió este viernes al Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, el cual conoce el juicio preliminar, que incorpore más de 500 pruebas aportadas al proceso y que dicte auto de apertura a juicio de fondo.

Según un comunicado de prensa, la petición se produce luego de finalizar la presentación de las pruebas contra las 17 personas vinculadas, incluyendo a Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde).

El fiscal José Miguel Marmolejos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que en la audiencia el Ministerio Público expuso sus conclusiones tras lo que solo restan los argumentos de cierre de las defensas.

“Con la presentación de nuestras conclusiones, hemos dado un paso de avance en lo que es la culminación de esta fase del proceso, la cual estamos seguros de que continuará con un auto de apertura a juicio, donde serán juzgados y condenados los imputados”, destacó el fiscal Marmolejos.

Precisó que el Ministerio Público pidió al tribunal la incorporación de 509 pruebas testimoniales y documentales que fueron aportadas al proceso y que dicte el auto de apertura a juicio de fondo.

En tanto que el fiscal Aurelio Valdez especificó que en la próxima audiencia le tocará el turno a las defensas para hacer los reparos que entiendan ante las pruebas y argumentos que ha establecido en esta fase el órgano de la persecución penal.

Junto a Marmolejos y Valdez, quienes hablaron a la prensa a la salida del tribunal, también representaron al Ministerio Público los fiscales Isis de la Cruz y Ernis Mella.

Además de Leoncio Almánzar, por este caso son procesados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.

Por igual, cuentan entre los procesados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.

También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.

El Ministerio Público además acusa a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.

La acusación indica que los citados funcionarios se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado, vendiendo a precios pírricos todo un sector habitado, a un grupo de empresarios agrupados en la compañía Infepa.

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