Un proyecto de ley, objeto de estudio en la Cámara de Diputados, establece la prohibición de que se rechace la atención en hospitales del sector público y que en los centros educativos públicos y privados se impida o desautorice la inscripción a las personas con trastorno del espectro autista (TEA).

Además, el proyecto de ley de atención integral y protección a personas con la condición del espectro autista consigna la prohibición de negar la orientación necesaria para diagnosticar y ofrecer el tratamiento adecuado, así como desestimar el traslado de individuos a instituciones especializadas.

Asimismo, estaría prohibido, de aprobarse esa ley, permitir que niños y jóvenes sean víctimas de burlas y agresiones que atenten contra su dignidad y estabilidad emocional por parte de sus maestros y compañeros; impedir el acceso a los servicios públicos y privados de carácter cultural, deportivo, recreativo, así como el servicio de transporte.

El artículo 14 de esa iniciativa legislativa establece que está prohibido abusar de las personas con TEA en el ámbito laboral; negar la asesoría jurídica necesaria para el ejercicio de sus derechos y todas aquellas acciones que atenten o pretendan desvirtuar lo establecido por esa ley, de ser aprobada.

En tanto, que el artículo 15 establece que las sanciones de esa ley serán las establecidas en el Código Civil, el Código Penal y el Código Procesal Penal, así como en la Ley No. 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana y las leyes especiales sobre la materia.

Con el objetivo de establecer un régimen legal para fomentar la detección, el diagnóstico precoz, la intervención temprana y la protección de la salud de las personas con trastornos de espectro autista (TEA), fue sometido un proyecto de ley en la Cámara de Diputados.

En el proyecto de ley, depositado por la diputada de la Fuerza del Pueblo, Yuderka de la Rosa el pasado 15 de diciembre de 2020, se establecen los derechos a la salud para la población con ese tipo de condición, debido a que éstas son vulnerables y discriminadas.

El artículo 8, de la pieza legislativa, establece que para dar respuesta a las necesidades de las personas con Trastornos del Espectro Autista durante su ciclo de vida será necesario tener un diagnóstico y evaluación clínica y medica temprana, precisa, accesible y sin prejuicios, de acuerdo con los objetivos del Sistema Nacional de Salud.

Además, se debe solicitar y recibir los certificados de evaluación y diagnóstico del estado en que se encuentran esas personas; recibir consultas y terapias médicas especializadas en la red hospitalaria de salud pública y ofrecer los servicios de salud física y mental, así como tener acceso a tratamientos y medicamentos de calidad.

Estos últimos deberían ser administrados oportunamente tomando todas las medidas y precauciones necesarias.

El acápite 5 y 6, del artículo 8 del referido proyecto de ley establece que “las personas con TEA, mayores de 18 años, recibirán atención integral, la cual deberá ser aplicada durante todo su ciclo de vida; y se deberá incorporar a las investigaciones científicas y estudios especializados de los TEA, para conocer su evolución en el país”.

Además, la pieza legislativa establece que toda persona con condición del espectro autista tendrá derecho a recibir una educación o capacitación basada en criterios de integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y potencialidades.

Dispondría, además, que el Ministerio de Educación tendrá la obligación de designar cupos a las personas con esa condición en las instituciones públicas o de ser necesario, implementar convenios con las instituciones de educación privadas.

Asimismo, consigna que las instituciones educativas, públicas o privadas, que alberguen a estudiantes con TEA, deberá realizar evaluaciones pertinentes para determinar, a través de profesores de apoyo capacitados, el nivel o grado de escolaridad al cual ingresa el alumno, las fortalezas y necesidades para proyectar la flexibilización curricular.

El Ministerio de Educación (Minerd) debería definir los profesionales que podrán prestar sus servicios como acompañantes pedagógicos en un aula regular.

El proyecto de ley establece que las personas con trastornos del espectro autista tienen derechos al trabajo.

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