El Ministerio Público presentó este martes ante el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional el criterio de oportunidad que le había prometido al empresario César Félix Ramos Ovalle para lograr que este se convirtiera en su testigo estrella y delatara las acciones ilícitas de la red orquestada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiou.

En el criterio de oportunidad, el Ministerio Público se compromete a poner fin a la persecución penal en contra de este empresario por su colaboración, la cual es determinante para probar el caso Coral y Coral 5G.

César Félix Ramos Ovalle estableció que en total llegó a recibir 18 millones 400 mil pesos de las licitaciones fraudulentas y el 2 de febrero de este año procedió a devolver el 100% de ese dinero mediante el cheque número 001228, del Banco Popular, sellando de esa forma un convenio con el Ministerio Público para ser dejado fuera de la acusación, como de hecho ocurrió.

Según la acusación de la Pepca, el señor César Félix Ramos Ovalle, también admitió los hechos y su participación en los mismos.

El Ministerio Público establece que este empresario, quien es dueño de la Estación de Combustible La Marina (o Marinita), estuvo asociado con el coronel Rafael Núñez de Aza, cerebro financiero de la red, y de esa forma logró ganar licitaciones fraudulentas para el suministro de combustible que nunca llegó a ser entregado.

Supuestamente, esto era una fachada para lavar dinero de los fondos sustraídos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

A la magistrada Yanibet Rivas del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, le corresponde homologar ese acuerdo.

La magistrada tiene fijada una audiencia mañana miércoles para conocer la audiencia preliminar del caso y decidir si acoge la solicitud del Ministerio Público de fusionar los casos Coral y Coral 5G.

La acusación

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó acusación contra 48 imputados (30 personas físicas y 18 empresas). La red está acusada por defraudar al Estado con más de 4,000 millones de pesos a través del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) como en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Imputados

Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.

En la Operación Coral 5G, derivada de la Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.

En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, César Ramos Ovalles y Esmeralda Ortega Polanco.

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